En medio de un creciente malestar social y con la calle nuevamente agitada por movilizaciones sectoriales, la CGT atraviesa una fuerte tensión interna. El debate ya no gira en torno a si habrá o no un nuevo paro general contra el Gobierno de Javier Milei, sino cuándo anunciarlo. Mientras el sector más combativo pide urgencia, la conducción mantiene cautela y busca demorar la medida para no romper del todo el puente con la Casa Rosada. En las últimas horas, referentes del moyanismo, de la Corriente Federal de los Trabajadores y del Frente Sindical para el Modelo Nacional intensificaron las gestiones para que la central obrera convoque a una nueva huelga general antes de fin de mes. “No podemos seguir con tibiezas mientras avanzan con la reforma laboral y los despidos en el Estado”, se quejó ante El Pulso Político un dirigente gremial del sector más duro. La discusión se da en un contexto de creciente conflictividad. Esta semana, gremios estatales, docentes y transportistas protagonizaron protestas en todo el país, con epicentro en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. A ello se suman los reclamos de los trabajadores de la salud y la amenaza de medidas de fuerza en el sector energético. Del otro lado, el sector más moderado de la CGT —encabezado por Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio)— intenta contener la presión interna. Argumentan que un nuevo paro sin una estrategia clara podría fortalecer el relato del oficialismo, que acusa a la central obrera de actuar como “una facción política más” en lugar de defender los intereses de los trabajadores. “La CGT tiene que ser responsable. El paro es una herramienta poderosa, pero no puede usarse a la ligera. Hay que cuidar la institucionalidad de la central”, advirtieron fuentes cercanas al binomio que controla la mesa chica. Sin embargo, las presiones se acumulan. En las reuniones informales que se mantuvieron esta semana en la sede de Azopardo y en otros encuentros reservados, varios dirigentes coincidieron en que la situación económica se deteriora con rapidez y que el humor social empieza a cambiar. “No podemos llegar a junio sin haber dado una respuesta clara”, sostuvo un referente de los gremios del transporte, que se mostró alineado con la posibilidad de realizar una huelga en los próximos días. El malestar sindical se profundizó tras la sanción en el Senado del paquete fiscal impulsado por el Ejecutivo, que incluye modificaciones regresivas en Ganancias y el blanqueo laboral. También influyó el inminente debate en Diputados del capítulo laboral de la “Ley Bases”, que el Gobierno insiste en aprobar sin cambios. En paralelo, la Casa Rosada observa con atención los movimientos en la central obrera. Aunque en público minimizan el peso de una eventual medida de fuerza, en el entorno del ministro del Interior, Guillermo Francos, y del secretario de Trabajo, Julio Cordero, reconocen que un paro general con alto acatamiento complicaría el clima político en momentos en que el oficialismo busca consolidar su poder legislativo con el respaldo de los gobernadores. Por ahora, la conducción de la CGT no definió una fecha, pero todo indica que el anuncio podría llegar en la semana del 20 de mayo, si no antes. La posibilidad de que se sume la CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, e incluso organizaciones sociales como la UTEP, le daría a la medida un carácter más amplio y con mayor impacto político. Mientras tanto, el Gobierno juega al desgaste y apuesta a la división interna del movimiento obrero. Pero el tiempo apremia y las bases ya no quieren esperar. La CGT, otra vez, en la encrucijada