Alarmante hallazgo de la auditoría: según un análisis preliminar oficial, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) adquirió un fármaco clave (PEG Asparaginasa, usado en leucemia linfoblástica aguda) a un precio un 27% más alto que el que pagó el Ministerio de Salud a inicios de 2025. La auditoría considera este dato ajustado por inflación. El precio pagado por ANDIS fue de $13.500.176, frente a los $8.274.027 abonados por Salud el año anterior por el mismo producto. Esto supone un sobreprecio de casi la tercera parte del costo —un desfalco directamente sobre quienes se supone deben recibir ayuda estatal. La difusión de este dato ocurre justo después del escándalo por audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo, que señalaban coimas en la compra de medicamentos en ANDIS. El momento no parece casualidad, y la estrategia podría apuntar a desacreditar al denunciante y desviar la atención hacia la gestión financiera en sí  Un exdiputado presentó un estudio donde denuncia que, mediante varios DNU firmados por Javier Milei, habrían sido infladas partidas presupuestarias para ANDIS por más de dos billones de pesos en un año y medio. Se trataría de compras farmacéuticas sin suficiente transparencia ni rendición de cuentas. El foco principal cae sobre Suizo Argentina, la droguería señalada en los audios y bajo investigación judicial. El sobreprecio detectado apunta a un posible canal financiero hacia actores con ingerencia política, confirmando que la corrupción no solo ocurre en la sombra, sino que deja huella contable.   Tras el estallido del escándalo, el Gobierno buscó dar señales de control político: primero desplazó a Diego Spagnuolo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) (Leé:¨Diego Spagnuolo renunció ante escándalo de coimas en Discapacidad¨), y luego intervino el organismo con la designación de Vilches. La jugada no quedó ahí: ahora el oficialismo pretende quitarle a la agencia su carácter de organismo descentralizado para degradarla a simple secretaría dentro del Ministerio de Salud. La maniobra tiene dos objetivos claros: concentrar más poder en manos de Mario Lugones —ex director del Sanatorio Güemes, con lazos aceitados en el negocio médico— y garantizar que la política para el sector se alinee a la máxima autoridad sanitaria del país.   El problema es que ni Lugones ni Vilches dieron la cara en los momentos clave. El primero, que llegó al cargo impulsado por Santiago Caputo, no habló públicamente de los pagos ilegales denunciados y directamente faltó a la comisión de Salud en Diputados, donde debía responder por la emergencia sanitaria y el caso de las coimas. Vilches, en sintonía, también se ausentó del plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad, presididas por Pablo Yedlin y Daniel Arroyo. Por la forma en que fueron difundidos estos datos, de manera parcial e informal, todo indica que forman parte de una estrategia del Ejecutivo para desplazar la atención y cargar las responsabilidades sobre la figura de Diego Spagnuolo, señalado como el motor de las escuchas que destaparon el presunto circuito de recaudación con laboratorios proveedores de la ANDIS. El propio Gobierno admitió que en al menos un medicamento se habrían pagado sobreprecios cercanos al 30%, mientras que en paralelo el presidente Javier Milei rompió el silencio: aseguró que llevará a la Justicia a su ex amigo por considerar “mentira” sus denuncias. Un movimiento que busca blindar a la cúpula oficialista y reconfigurar el relato en medio de un escándalo que sigue abierto en los tribunales.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P