A pocos días del cierre del plazo para presentar el Presupuesto 2026, Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció el envío de la denominada Ley Muralla, parte del “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”  . La ley busca prohibir estrictamente déficits presupuestarios, penalizar a legisladores que lo incumplan y garantizar que el país cumpla con el equilibrio fiscal  . El anuncio no fue antojadizo: llega en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, acusado de perder control del debate legislativo  . La reacción fue inmediata y contundente. Diputados opositores señalaron que la Ley Muralla convierte al Congreso en una escribanía del Ejecutivo, con riesgo real de castigo penal incluido  . “¿Cómo vas a mandar una ley que impide legislar si no estás alineado con el Ejecutivo? Y además te metés preso si no…” sintetizó un dirigente legislativo  . Entre los opositores circula la lectura de que el Ejecutivo enviaría primero la Ley Muralla, luego el Presupuesto, y si no hay consenso, paraliza el tratamiento de ambos  . Según críticos del oficialismo, la iniciativa amenaza principios básicos de la república: pluralidad de voces, independencia institucional y separación de poderes  . Más grave aún, advierten, es la incoherencia: el Ejecutivo reclama fotogenia fiscal mientras mantiene decretos sin financiamiento y atajos reglamentarios en otros casos  . El Legislativo ya percibe que la norma podría servir de excusa para evitar sancionar demandas provinciales concretas, como los ATN o la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos  .                 La Ley Muralla es apenas la tapa de un conflicto mayor. El Gobierno enfrenta un Congreso que lo presiona desde todos los flancos: emergencias en salud, derechos sociales, y financiamiento a provincias  . En vez de diálogo, la Casa Rosada ensaya una estrategia de contención autoritaria, con leyes de emergencia y ahora esta muralla legal. ¿Es una defensa del orden o una coartada para neutralizar la oposición? La Ley Muralla irrumpe en un escenario de escaso consenso político y altas tensiones institucionales. Si bien buscar equilibrio fiscal puede ser legítimo, su forma —penalizando a legisladores e imponiendo reglas inflexibles— abre debates serios sobre la autonomía del Congreso y el equilibrio republicano. En las próximas semanas, el desafío estará en si el Parlamento resiste el envión y mantiene vivo el debate, o si queda eclipsado por un decorado legal diseñado para blindar al Ejecutivo.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P