El gobierno de Javier Milei volvió a frenar la moratoria previsional aprobada en Diputados bajo el argumento de que implicaría un “costo fiscal insostenible”. Según estimaciones oficiales, la ampliación de la cobertura jubilatoria generaría un gasto equivalente al 0,16% del Producto Bruto Interno (PBI), cifra que en el actual ajuste es presentada como inaceptable. Sin embargo, los números revelan una contradicción incómoda: los intereses de la deuda pública proyectados para este año representan un 4,8% del PBI, es decir, 30 veces más que la tan cuestionada moratoria previsional. Este contraste desnuda un doble estándar en la política fiscal del Gobierno, que prioriza el cumplimiento con los acreedores externos por sobre la ampliación de derechos para sectores vulnerables como los jubilados sin aportes completos. La tensión entre ajuste fiscal y demandas sociales crece, en un contexto donde la recesión, el desempleo y la licuación de ingresos afectan de manera directa a los adultos mayores. Incluso desde sectores del oficialismo reconocen en privado que sostener el veto a la moratoria podría tener un costo político elevado, alimentando el descontento en la base social del peronismo y de parte de los independientes. Los analistas advierten que la negativa a la moratoria es un gesto hacia el FMI y los mercados, pero a costa de enfrentar a la oposición en el Congreso, que logró aprobar la ley con una amplia mayoría. En el Senado, la pulseada continúa, mientras la Rosada evalúa cómo postergar la discusión para evitar definiciones incómodas. El contraste es claro: para deuda y pago de intereses, hay margen; para ampliar jubilaciones mínimas, no. Una decisión que puede ser celebrada en Wall Street pero que empieza a erosionar la paciencia en la calle.