El terremoto político desatado por la condena firme a Cristina Kirchner sumó en las últimas horas un nuevo capítulo inesperado: la ex presidenta presentó ante el Tribunal Oral Federal N°2 un pedido formal para cumplir su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su histórico departamento del barrio porteño de Constitución.   El planteo se basa en razones de salud y edad: Cristina tiene 72 años y su defensa argumentó que padece "problemas cardiovasculares crónicos" que requieren monitoreo médico constante, lo que haría inviable su alojamiento en un establecimiento penitenciario común. La solicitud sorprendió incluso a los suyos, ya que hasta ayer mismo el peronismo duro hablaba de “proscripción” y “persecución política”, pero evitaba pronunciar la palabra “prisión”. Según trascendió, el Tribunal deberá ahora dar vista al fiscal Diego Luciani, quien lideró la acusación en el caso Vialidad, para que se expida sobre la viabilidad del pedido. En paralelo, los jueces deberán solicitar informes médicos actualizados para evaluar el real estado de salud de la ex mandataria. En el entorno de Cristina afirman que la decisión de pedir prisión domiciliaria fue “estratégica” y se enmarca en la necesidad de evitar un traslado a Ezeiza que “empeoraría su cuadro de salud y tensaría aún más el clima social". Sin embargo, en los pasillos de Comodoro Py se comenta que los jueces podrían imponer condiciones estrictas, como tobillera electrónica y custodia permanente. Desde la oposición, la noticia cayó como una bomba. Varios referentes libertarios y de Juntos por el Cambio reclamaron que se garantice el "cumplimiento efectivo" de la condena sin privilegios. "La ley es igual para todos", lanzó el diputado José Luis Espert, mientras que el oficialismo guarda cautela para evitar reavivar la tensión en la calle, donde la militancia kirchnerista se mantiene movilizada. En tanto, Javier Milei volvió a expresarse en redes sociales con un mensaje irónico: "La casta cae, pero siempre pide beneficios. La Justicia decidirá". La frase alimentó las sospechas de que la situación judicial de Cristina será un eje inevitable en la campaña electoral que ya comenzó a tomar temperatura. Por su parte, la CGT y la agrupación La Cámpora planean nuevas movilizaciones para denunciar la “proscripción” de la ex presidenta, aunque puertas adentro reconocen que el pedido de prisión domiciliaria descolocó parte del relato de victimización. El tribunal definirá en las próximas horas si habilita el régimen domiciliario. Lo que ya es seguro es que la escena política argentina volverá a girar —como en los últimos 20 años— alrededor de una figura: Cristina Kirchner.