La ofensiva desreguladora de Federico Sturzenegger abrió un nuevo frente de conflicto con el sector empresario. Esta vez fueron las principales compañías navieras del país las que salieron a cuestionar las reformas impulsadas por el Gobierno y advirtieron sobre graves consecuencias económicas y laborales. Las empresas difundieron un informe en el que rechazan la apertura del cabotaje marítimo y fluvial a operadores extranjeros y sostienen que la medida podría afectar la recaudación fiscal, destruir empleo argentino, perjudicar a la industria naval y debilitar capacidades estratégicas del Estado.  El documento, elaborado por actores centrales de la actividad, sostiene que la desregulación no generará los beneficios prometidos por el Gobierno y que, por el contrario, podría producir un fuerte impacto sobre toda la cadena productiva vinculada al transporte marítimo nacional.  Según el informe, la eventual llegada de operadores extranjeros con regímenes laborales y fiscales diferentes generaría una competencia desigual para las empresas argentinas. Eso podría derivar en pérdida de puestos de trabajo, reducción de inversiones y un progresivo desplazamiento de compañías locales.  La preocupación empresarial se suma a otros cuestionamientos que ya habían aparecido durante los últimos meses alrededor de las reformas impulsadas por Sturzenegger en el ámbito marítimo. Diversos sectores vinculados al practicaje y la navegación comercial advirtieron sobre riesgos operativos, ambientales y de soberanía nacional derivados de la flexibilización de controles y regulaciones.  El informe de las navieras también plantea que una eventual reducción de la actividad local tendría impacto directo sobre astilleros, talleres navales, proveedores logísticos y cientos de pequeñas y medianas empresas que dependen del movimiento marítimo argentino.  En ese contexto, empresarios del sector aseguran que el debate excede una cuestión comercial y se transforma en una discusión estratégica sobre el control de rutas fluviales y marítimas clave para la economía nacional.  Las críticas llegan además en un momento donde el Gobierno acelera su agenda de desregulación económica. Sturzenegger viene impulsando una serie de reformas destinadas a reducir controles estatales, flexibilizar mercados y abrir distintos sectores a una mayor competencia.  Sin embargo, el caso naviero muestra una situación particular: parte importante de las objeciones ya no provienen solamente de sindicatos o sectores opositores, sino también de empresas privadas que advierten consecuencias negativas para la actividad económica.  Por eso el conflicto amenaza con transformarse en otro dolor de cabeza para la Casa Rosada. Mientras Sturzenegger sostiene que la desregulación permitirá reducir costos y mejorar competitividad, las navieras responden que el resultado podría ser exactamente el contrario: menos empleo argentino, menor recaudación y un fuerte debilitamiento de la marina mercante nacional.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P