El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ha iniciado una ofensiva contra las tasas municipales que se incluyen en las facturas de servicios públicos como electricidad, gas y agua. La medida busca eliminar estos cargos adicionales que, según el Ejecutivo, encarecen los servicios y afectan la transparencia en la facturación. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha sido uno de los principales impulsores de esta iniciativa. A través de la Secretaría de Comercio, se ha avanzado en resoluciones que prohíben la inclusión de tasas municipales en las boletas de servicios esenciales. Caputo argumenta que estas tasas son "cargos ajenos a la naturaleza del servicio" y que su eliminación beneficiará a los consumidores La medida ha generado un fuerte rechazo por parte de los intendentes, especialmente de las grandes ciudades del interior del país. Los jefes comunales advierten que la eliminación de estas tasas afectará seriamente la recaudación municipal y, por ende, la prestación de servicios básicos como salud, seguridad y mantenimiento urbano. Además, el Banco Nación ha iniciado litigios contra las tasas de Comercio, y el Correo Argentino ha comenzado a objetar las tasas a la propiedad, lo que profundiza el conflicto entre el Gobierno nacional y los municipios. La disputa también ha llegado al ámbito judicial, con algunos intendentes presentando recursos para mantener el cobro de estas tasas. En paralelo, se debate sobre la necesidad de una ley que regule la inclusión de cargos municipales en las facturas de servicios públicos. Este conflicto pone en evidencia la tensión entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales en torno a la autonomía municipal y la distribución de recursos, en un contexto económico marcado por el ajuste fiscal y la reducción de transferencias a las provincias y municipios.