La protesta convocada por la CGT se desarrolló en las inmediaciones del Congreso en coincidencia con el tratamiento parlamentario de la reforma laboral, uno de los proyectos centrales del Gobierno en las sesiones extraordinarias. La movilización reunió a sindicatos de distintos sectores, organizaciones sociales y agrupaciones políticas que cuestionan el alcance de los cambios propuestos en el régimen de contratación, indemnizaciones y negociación colectiva.   Desde el palco principal, los dirigentes sindicales señalaron que la reforma “modifica reglas históricas en perjuicio de los trabajadores” y denunciaron que el oficialismo avanza con acuerdos con gobernadores y bloques aliados sin incorporar a los representantes gremiales a la discusión técnica. El mensaje fue claro: si el proyecto se aprueba sin cambios sustanciales, el conflicto escalará.   En paralelo, en el Congreso el oficialismo intensificaba las negociaciones. La estrategia del Gobierno se centró en asegurar el respaldo de bloques provinciales y sectores dialoguistas, especialmente tras haber dejado afuera del proyecto el capítulo referido a Ganancias para facilitar acuerdos. Aun así, el clima político se volvió más áspero tras la marcha, que evidenció que el frente sindical mantiene capacidad de movilización.   La jornada también mostró tensiones internas en el propio sindicalismo: mientras algunos sectores presionan por un paro general inmediato, otros apuestan a sostener la protesta callejera y la presión institucional. Sin embargo, el mensaje hacia la Casa Rosada fue unívoco: la reforma laboral se convirtió en el nuevo eje del conflicto social.   El Gobierno, por su parte, relativizó la movilización y defendió el proyecto como una herramienta para “modernizar el mercado laboral y fomentar el empleo formal”. En la Casa Rosada insisten en que la iniciativa no elimina derechos adquiridos, sino que busca flexibilizar mecanismos que —según el oficialismo— hoy desalientan la contratación.   Pero en las calles la lectura fue otra. La marcha de la CGT no sólo apuntó contra el texto de la ley, sino contra el rumbo general de la política económica. Con salarios que aún no recuperan poder adquisitivo y un clima de incertidumbre, la reforma laboral funciona como catalizador de un malestar más amplio.   El Congreso, así, se convirtió en el escenario donde se cruzan dos fuerzas: un Gobierno decidido a mostrar fortaleza legislativa y un sindicalismo que intenta marcarle límites. La votación será clave no sólo por el contenido de la ley, sino por el mensaje político que deje en el tablero nacional.