Javier Milei profundizó su enfrentamiento con el Grupo Clarín con nuevas y explosivas declaraciones que apuntan directamente a los intereses del conglomerado mediático en el sector de las telecomunicaciones. “Me están apretando para que ceda en entregarles las comunicaciones”, afirmó el mandatario, en un mensaje que busca desnudar lo que considera una avanzada empresarial para apropiarse de infraestructura clave del país. El foco del conflicto está puesto en la eventual fusión o adquisición de la filial argentina de Telefónica por parte de Telecom, empresa controlada por el Grupo Clarín. Desde el Gobierno sostienen que esta operación pondría en riesgo la competencia en el sector y consolidaría una posición dominante inédita en la historia reciente del país. Aunque no hay una decisión oficial todavía, el presidente advirtió que su administración no está dispuesta a convalidar lo que considera un “monopolio encubierto”. En ese contexto, Milei denunció públicamente una supuesta campaña mediática orquestada para condicionar sus decisiones. “Me mandan sicarios del micrófono a atacarme”, dijo en referencia a periodistas de renombre como Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad, contra quienes presentó denuncias por calumnias e injurias. Las acusaciones incluyen la existencia de “carpetazos” armados para erosionar su imagen pública y la de su círculo íntimo. La tensión con Clarín también generó repercusiones dentro del propio oficialismo. Trascendió que parte del gabinete prefería evitar el conflicto frontal con el grupo, temiendo consecuencias en la cobertura mediática del Gobierno. Sin embargo, Milei decidió avanzar con una estrategia confrontativa, convencido de que la disputa no solo es económica, sino también ideológica: “Son parte de la casta que se resiste al cambio”, habría dicho en reuniones privadas. La ofensiva presidencial se da en un momento clave, en medio de la discusión sobre la nueva Ley de Medios y la regulación del espectro radioeléctrico, temas sensibles donde Clarín tiene intereses directos. La Casa Rosada busca establecer nuevos marcos normativos que impidan concentraciones excesivas y garanticen la competencia en un mercado considerado estratégico para el desarrollo digital y económico del país. Esta escalada marca un punto de inflexión en la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Desde la oposición y sectores de la sociedad civil ya se advierte sobre los riesgos que implica la judicialización del periodismo, mientras el Gobierno insiste en que no se trata de atacar la libertad de prensa, sino de enfrentar estructuras que, según Milei, operan como “factores de poder ilegítimos”.