El presidente Javier Milei firmó un decreto para implementar un nuevo blanqueo de capitales, con el objetivo de captar hasta USD 10.000 millones. La medida permite a los contribuyentes declarar hasta USD 100.000 sin necesidad de justificar su origen ni pagar impuestos, y aplicar estos fondos al consumo interno sin restricciones.  El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la iniciativa busca movilizar los dólares atesorados fuera del sistema financiero y fomentar su uso en la compra de bienes y servicios. El régimen se divide en tres etapas con alícuotas crecientes: 5% hasta el 8 de noviembre de 2024, 10% hasta el 31 de enero de 2025 y 15% hasta el 30 de abril de 2025.  En efecto, el problema que tiene el equipo económico es que la medida viola la ley penal tributaria y los acuerdos internacionales sobre transparencia de activos. "Es mucho mas flexible que el blanqueo anterior, que ya le había complicado la relación con el GAFI", afirmó  un diputado del PRO que sigue el tema.  El más prudente de los economistas presentes edición del LatamForum afirmó: "En el primer blanqueo, con todas las condiciones a favor y respaldo por ley, ingresaron USD 30.000 millones. Ahora, si con esto por decreto entran USD 10.000 millones, Caputo le tiene que rezar al Dios Dinero" La medida ha generado críticas por parte de sectores que consideran que podría facilitar el lavado de dinero y la evasión fiscal. El Gobierno, por su parte, argumenta que es una herramienta necesaria para reactivar la economía y aumentar la recaudación sin recurrir a la emisión monetaria.