La relación entre el Gobierno nacional y el Hospital Garrahan sumó este lunes un nuevo capítulo de tensión. Los trabajadores del principal centro de salud pediátrico del país realizaron un paro total de actividades por 24 horas, en protesta contra los recortes presupuestarios ya aplicados y los que se anuncian para la segunda mitad del año. El conflicto amenaza con escalar: desde el Ministerio de Economía dejaron trascender que el hospital “no está exento” de la política de ajuste fiscal que impulsa Javier Milei para lograr el superávit primario. Es decir, vienen más recortes para el Garrahan, algo que encendió las alarmas en gremios y en las asociaciones de padres de pacientes. “El ajuste pone en riesgo la atención oncológica, los tratamientos de alta complejidad y la capacidad del hospital para recibir pacientes del interior del país”, advirtió la Asociación de Profesionales del Garrahan. El paro incluyó una movilización en la sede de la calle Pichincha, con carteles que rezaban: “Sin presupuesto no hay salud infantil”.                 Desde el Ministerio de Capital Humano minimizaron la medida. Voceros oficiales afirmaron que “las guardias mínimas están garantizadas” y que los recortes “son parte del ordenamiento de las cuentas públicas”. Sin embargo, en los pasillos del Garrahan la preocupación es palpable: fuentes médicas sostienen que el hospital ya está funcionando con insumos críticos y restricciones en turnos y cirugías programadas. La discusión también impacta en la política porteña. Jorge Macri advirtió que la Ciudad no está en condiciones de compensar con fondos propios el desfinanciamiento nacional, ya que el Garrahan es cofinanciado por ambas jurisdicciones. El gremio anunció que si no hay marcha atrás con los recortes, el conflicto continuará con nuevos paros escalonados en julio. Los médicos, técnicos y enfermeros advierten que la situación es “peor que la de 2001”, y que incluso peligra el suministro de medicamentos importados esenciales para terapias complejas. Mientras tanto, en la Casa Rosada aseguran que el ajuste es “inevitable” para mantener la estabilidad macroeconómica y cumplir con las metas acordadas con el FMI. La pulseada recién empieza. Y los más vulnerables —los chicos enfermos— están en el medio de la disputa.