Este jueves, el Gobierno de Javier Milei implementó una profunda reforma migratoria mediante el Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial. La normativa introduce restricciones significativas para los inmigrantes en áreas clave como salud, educación, permanencia y deportaciones. Salud pública: solo emergencias gratuitas A partir de ahora, los extranjeros con residencia temporaria deberán contar con un seguro de salud o abonar previamente por los servicios médicos. Solo se garantizará la atención gratuita en casos de emergencia, independientemente de la situación migratoria del paciente. Esta medida busca reducir el acceso irrestricto al sistema sanitario por parte de no residentes. Educación: aranceles en universidades En el ámbito educativo, los inmigrantes con residencia temporaria podrán acceder sin restricciones a la educación inicial, primaria y secundaria. Sin embargo, las instituciones de educación superior públicas quedan habilitadas para cobrar aranceles a estudiantes extranjeros. Además, se establece que estos estudiantes podrán acceder a becas ofrecidas por universidades, organismos nacionales e internacionales. Residencia y naturalización: requisitos más estrictos La reforma también modifica las condiciones para obtener la residencia y la ciudadanía argentina. Se endurecen los criterios para la admisión y permanencia de extranjeros, y se amplían las causales de inadmisión y deportación, incluyendo antecedentes penales y procesos judiciales en curso. Para la naturalización, se exige una residencia continua de al menos dos años y la acreditación de inversiones significativas en el país. Deportaciones: procesos más ágiles El decreto facilita y acelera los procedimientos de deportación para extranjeros que cometan delitos en el país. Se establece que la autoridad migratoria podrá considerar procesos penales en curso como antecedente para restringir la entrada o permanencia en el país. Reacciones y críticas La reforma ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles violaciones a tratados internacionales y discriminación hacia los inmigrantes. Sectores académicos también expresaron su rechazo a la implementación de aranceles en universidades públicas, argumentando que atenta contra el principio de educación gratuita y universal. El Gobierno, por su parte, defiende la medida como una forma de ordenar el sistema migratorio y garantizar que los recursos del Estado se destinen prioritariamente a los ciudadanos y residentes permanentes.