La ofensiva judicial para *revertir el fallo que condenó a Cristina Kirchner* sumó un capítulo clave: la denuncia que *cuestiona la legalidad de la decisión de la Corte Suprema* cayó en el *juzgado federal de Ariel Lijo*, actual candidato del Gobierno de Javier Milei para ocupar una vacante en el máximo tribunal. La denuncia fue presentada por el abogado *Marcelo Barcesat, profesor de Derecho Constitucional y allegado al kirchnerismo, quien argumenta que la Corte *violó garantías constitucionales* al dejar firme la condena por la causa Vialidad *sin tratar el recurso de queja* presentado por la defensa de la expresidenta.    Lijo, en el centro de la escena El expediente recayó por sorteo en el juzgado federal N° 4, a cargo de *Ariel Lijo, uno de los dos candidatos que el Poder Ejecutivo impulsa para integrar la Corte. Esto genera un *condimento político y jurídico delicado*, ya que podría tener que pronunciarse sobre una causa en la que está directamente implicado el tribunal al que aspira integrar. La denuncia se basa en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a ser oído por un tribunal imparcial y a agotar todas las instancias procesales. Según Barcesat, *la Corte incurrió en “denegación de justicia”* al rechazar la queja sin fundamentos.   Qué busca la presentación El objetivo es que la Justicia federal *declare la nulidad del fallo de la Corte* que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre Cristina Kirchner. La exmandataria cumple actualmente arresto domiciliario en su casa del barrio porteño de Constitución. Aunque la denuncia no fue presentada directamente por la defensa oficial de Cristina, en el kirchnerismo *evalúan que puede abrir una nueva vía para revertir el fallo*, especialmente si se logra instalar que hubo arbitrariedad manifiesta en el accionar del máximo tribunal.   El telón de fondo político La presentación llega en un momento de alta tensión entre el oficialismo y el kirchnerismo por la judicialización de la política. En las últimas semanas, *Cristina y sus aliados denunciaron una “proscripción de hecho”* y apuntaron a la Corte como una herramienta del poder económico para sacarla del juego electoral. > “Esto es lawfare, lo venimos denunciando hace años”, repitió en redes el diputado Eduardo Valdés.     *La causa cayó en el escritorio de Lijo.* Y ahora, el juez postulado por Milei deberá decidir si investiga... al tribunal que podría integrar.