En un contexto de creciente preocupación por la expansión del crimen organizado en las zonas de frontera, el Gobierno nacional lanzó este lunes el Plan Guacurarí, una ambiciosa iniciativa de seguridad que apunta directamente al corazón del narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en Misiones. El anuncio fue oficializado mediante la resolución 626/2025, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y publicada en el Boletín Oficial. El plan, que tendrá una duración inicial de 180 días, contempla la creación de un Comando Unificado de Seguridad en la Frontera Norte, en el que operarán de manera coordinada efectivos de la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de Misiones. El objetivo: frenar el avance de las organizaciones criminales transnacionales que utilizan la frontera seca entre Argentina y Brasil como una de las principales puertas de ingreso al país. Bullrich, que vuelve a posicionarse como una de las figuras más activas del Gabinete en materia de orden público, destacó que el Plan Guacurarí “responde a una necesidad urgente de fortalecer la presencia del Estado en una de las zonas más permeables y peligrosas del país”. La ministra advirtió que “la actividad del narcotráfico en esta zona se ha sofisticado y en muchos casos está directamente articulada con estructuras criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, dos de las bandas más poderosas y violentas de Brasil”. La franja que abarca el operativo tiene una extensión de 25 kilómetros de frontera seca, caracterizada por su densa vegetación, caminos rurales poco transitados y pasos ilegales que han sido históricamente explotados por el crimen organizado. Allí, los delitos más frecuentes incluyen tráfico de drogas, contrabando de mercadería, trata de personas, ingreso irregular de migrantes y lavado de activos, muchas veces bajo la fachada de emprendimientos rurales o comercio informal. En ese sentido, el Comando Unificado tendrá facultades para realizar patrullajes intensivos, operativos relámpago, interdicciones en rutas secundarias y tareas de inteligencia criminal. El esquema contempla además la cooperación de agencias federales como la AFI y la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que indica que el Gobierno buscará avanzar no solo sobre la cadena logística del delito, sino también sobre su financiación. El nombre del plan no es casual. Hace referencia al caudillo guaraní Andrés Guacurarí, figura emblemática de la resistencia federal en el Litoral argentino, y es una señal del intento oficial de imprimir un sentido identitario y político a una iniciativa que, aunque técnica, tiene fuerte carga simbólica. “Guacurarí defendía esta tierra de las invasiones extranjeras, y hoy nosotros tenemos que defenderla de la invasión del crimen”, sintetizó un alto funcionario del Ministerio de Seguridad. Desde la gobernación de Misiones, el anuncio fue recibido con beneplácito. Autoridades provinciales destacaron que se trata de una respuesta a pedidos reiterados de mayores recursos federales en zonas calientes. Sin embargo, desde algunos sectores de la oposición alertaron que el plan podría ser insuficiente si no se acompaña con políticas sociales y de infraestructura que apunten a desarticular el entramado de pobreza y marginalidad que da sustento al delito. El Plan Guacurarí se inscribe así en una estrategia de seguridad de alta intensidad que busca mostrar gestión y presencia estatal en un año electoral complejo. Para Bullrich, es también una carta política: reafirma su perfil duro y la consolida como figura clave en la disputa interna del oficialismo por el control del aparato de seguridad.