La detención de al menos cinco manifestantes que participaron de un escrache al diputado nacional *José Luis Espert* frente al Congreso encendió las alarmas en sectores del kirchnerismo y del Frente de Izquierda, que *denunciaron persecución política* y calificaron como *“ilegítimas e infundadas”* las actuaciones judiciales ordenadas por la jueza Sandra Arroyo Salgado. La movilización, que se dio en el marco del debate legislativo sobre proyectos clave con impacto fiscal, terminó con empujones, insultos y cánticos dirigidos a Espert, quien fue escoltado por la policía. Al día siguiente, varios de los manifestantes fueron identificados y *detenidos en sus domicilios*, lo que generó un fuerte repudio político y social.     Reacción inmediata del Frente de Todos y la izquierda Dirigentes de *Unión por la Patria, La Cámpora y el Frente de Izquierda* salieron a repudiar las detenciones, denunciando que el gobierno de Javier Milei “instala una doctrina represiva para disuadir la protesta pacífica”. Según expresaron en un comunicado conjunto, los arrestos se produjeron “sin notificación previa, con uso de fuerza desproporcionada y sin justificación penal real”. > “Este no es el camino democrático. No se puede judicializar el derecho a manifestarse”, afirmó el diputado *Leandro Santoro*. La senadora *Juliana Di Tullio* también apuntó contra la ministra Patricia Bullrich: “Nos quieren meter miedo, pero no lo van a lograr”.   Qué dice la causa judicial Las detenciones fueron ordenadas por la jueza *Sandra Arroyo Salgado*, a pedido de la fiscal, bajo cargos de “coacción agravada” y “atentado contra la autoridad”. La defensa de los acusados denunció que no existieron agresiones físicas ni amenazas directas a Espert, por lo que **las imputaciones serían desproporcionadas*. Desde el entorno de Espert aseguraron que el diputado fue *“hostigado y amenazado”* y que el operativo policial actuó dentro de la ley.   Organismos de derechos humanos también se expresaron Referentes del CELS, de la CORREPI y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos criticaron la detención domiciliaria dispuesta para los involucrados y *pidieron su inmediata liberación*. En un comunicado conjunto, advirtieron que “el uso del aparato judicial para castigar manifestantes pacíficos es propio de un Estado que reprime”.   *El caso vuelve a poner en debate el límite entre protesta y delito.* Y en una Argentina polarizada, ese límite se vuelve cada vez más fino... y más político.