Las recientes designaciones en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) sacudieron el ambiente político y cultural. El gobierno de Javier Milei, que había prometido desmantelar el “curro de la cultura”, nombró al frente del organismo a figuras que no sólo sorprenden por su perfil, sino que además están vinculadas a sectores que el propio oficialismo ha criticado duramente. Entre las flamantes incorporaciones se encuentra la directora del cortometraje El perrito Olaf, una pieza que se volvió viral en redes y fue protagonizada por el actor Juan Acosta. La directora, de bajo perfil en la industria cinematográfica tradicional, fue seleccionada sin antecedentes previos en gestión pública o producción audiovisual de gran escala, lo que generó cuestionamientos en el sector. Más ruido generó la designación de dos cineastas identificados con La Cámpora, agrupación que históricamente tuvo un fuerte peso en el manejo de la cultura durante los gobiernos kirchneristas. Las incorporaciones resultan paradójicas: se trata de referentes de un espacio político al que el propio Milei acusó de “adoctrinamiento cultural” y clientelismo. Desde el entorno del presidente evitaron hacer declaraciones sobre los criterios detrás de las designaciones. Sin embargo, fuentes de la industria aseguran que hubo presiones cruzadas dentro del Gobierno y que el ala menos dogmática de La Libertad Avanza intentó “equilibrar” los nombramientos para evitar un conflicto con ciertos sectores del cine nacional, muy golpeado por los recortes presupuestarios. La noticia no cayó bien ni entre los libertarios más ortodoxos ni entre los sectores independientes del cine. Algunos referentes culturales afines al Gobierno expresaron en off su desconcierto por la decisión: “No podés poner gente de La Cámpora en el INCAA cuando tu narrativa es que querés terminar con los kioscos de siempre”. Con esta movida, el Ejecutivo parece apostar a una estrategia pragmática en un área históricamente sensible. Aunque la jugada podría descomprimir tensiones con sectores del cine, también implica un riesgo político: alienar a su base más dura en nombre de la gobernabilidad.