Este martes, la ingeniera Aída Ayala se sentará por segunda vez en el banquillo de los acusados en los tribunales federales de Resistencia, Chaco. La exintendenta radical y exdiputada nacional enfrenta un nuevo juicio oral por presunto fraude a la administración pública, cometido durante su paso por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri. La investigación, liderada por el fiscal federal Patricio Sabadini, sostiene que Ayala direccionó contrataciones públicas en beneficio de Claudio Tolosa, titular de la firma “Service Hogar”, mediante un convenio firmado en 2016 con el entonces intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni. El acuerdo, por un monto de $998.537, se realizó en el marco del programa nacional “Mi Pueblo” y tenía como objetivo la compra de herramientas y maquinaria. Sin embargo, se detectaron sobreprecios significativos y vínculos preexistentes entre Ayala, Tolosa y dos asesores municipales: el abogado Matías Balmaceda Paiva y el contador Miguel Ángel Vilte, quienes habrían sido enviados por Ayala para asesorar al municipio. El proveedor beneficiado, Tolosa, recibió $960.093,32 mediante un cheque y retiró casi la totalidad del monto en los días siguientes. La causa se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Chaco por el abogado Fidel Toledo, quien alertó sobre presuntas irregularidades en la utilización de fondos nacionales destinados al municipio de Quitilipi. Ayala está imputada como autora del delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”, agravado por su condición de funcionaria, lo que contempla una pena máxima de seis años de prisión. Los otros tres acusados son considerados partícipes necesarios. El juicio, que se prevé durará cinco audiencias, contará con la declaración de 30 testigos, entre ellos el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien en 2016 era ministro del Interior y jefe directo de Ayala, y el entonces intendente de Resistencia, Jorge Milton Capitanich. Este nuevo proceso judicial se suma a la condena que Ayala recibió en febrero de 2024, cuando fue sentenciada a tres años de prisión en suspenso por fraude en la contratación del servicio de recolección de residuos durante su gestión como intendenta de Resistencia. En ese caso, también fue inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos y se le impuso la realización de tareas comunitarias. Con este segundo juicio, la figura de Ayala vuelve a estar en el centro del debate sobre la corrupción en la administración pública y el uso indebido de fondos nacionales en programas destinados al desarrollo municipal