El conflicto en el Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico de Argentina, alcanzó su punto álgido cuando el ministro de Salud, Mario Lugones, solicitó la renuncia de todos los integrantes del Consejo de Administración. La decisión se produjo luego de que el consejo otorgara un bono extraordinario de $500.000 al personal sin consultar previamente con el Ministerio.  La medida generó un fuerte rechazo por parte de los trabajadores, quienes consideraron el bono como una respuesta insuficiente a la pérdida de poder adquisitivo que enfrentan desde hace meses. Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT), expresó: "Si creen que nos van a atemorizar no entendieron nada de nada y van a desatar un tsunami de indignación".  Ante la creciente presión y las movilizaciones que incluyeron paros y abrazos simbólicos al hospital, Lugones se vio forzado a conceder un aumento salarial al personal médico. La medida busca calmar los ánimos y garantizar el normal funcionamiento del hospital, que atiende anualmente a más de 600.000 pacientes y realiza alrededor de 10.000 cirugías, incluidos unos 100 trasplantes pediátricos.  Sin embargo, los trabajadores advierten que el conflicto no ha terminado. Exigen que el bono se incorpore al salario básico y que se establezca una recomposición salarial acorde a la canasta básica familiar. Además, denuncian que los salarios actuales no cubren el costo de vida y que muchos profesionales se ven obligados a realizar múltiples guardias de 24 horas para llegar a fin de mes. El conflicto en el Garrahan pone en evidencia las tensiones entre el gobierno de Javier Milei y los trabajadores de la salud pública. Mientras el Ejecutivo insiste en políticas de austeridad y déficit cero, los profesionales reclaman condiciones laborales dignas y salarios justos. La situación en el hospital pediátrico más importante del país se ha convertido en un símbolo de la lucha por la salud pública en Argentina.