La suba de peajes dispuesta por Santiago Caputo cayó como un balde de agua fría: un aumento significativo que comenzó a regir a partir de hoy, a solo 24 horas de la apertura formal de ofertas para la privatización de las principales autopistas del país. El escalón tarifario se aprobó sin mayores explicaciones públicas sobre por qué era necesario y por qué debía concretarse ahora, justo antes de un proceso clave para las concesiones viales. Esta combinación levanta preguntas sobre prioridades y objetivos: ¿a quién beneficia esta decisión y a quién perjudica?   Desde todo punto de vista, el ajuste tarifario golpea directamente a los usuarios que transitan cotidianamente las rutas automatizadas: trabajadores, transportistas y familias que ya cargan con aumentos de combustibles, peores servicios públicos y pérdida de poder adquisitivo. Recibir un “plus” del 20 % en el peaje, en un contexto donde los ingresos no alcanzan, es mucho más que un número: es un costo real que sale del bolsillo de la gente.   La operación llega en un momento estratégico: el Estado se apresta a privatizar o concesionar autopistas clave, un proceso que supuestamente debería generar competencia, menores costos o mejoras. Sin embargo, antes de siquiera abrir la compulsa de ofertas, Caputo decidió aplicar un aumento sustancial. La decisión parece anticipar un cambio de régimen tarifario que beneficiará —como siempre ocurre— a quienes administren esas concesiones, mientras los usuarios asumen el encarecimiento inmediato de un servicio esencial.   Esta jugada, además, pone en evidencia una lógica económica y política que ostenta prioridades poco alineadas con los intereses ciudadanos. En vez de buscar mecanismos de alivio para los usuarios frente a una agenda de privatizaciones —que por sí mismas suele implicar incrementos futuros de tarifas para garantizar rentabilidad privada—, el Gobierno eligió aumentar el costo antes de que se transparente el proceso de concesión. Es un giro que no pasa desapercibido para sectores críticos de la economía y la opinión pública: el mensaje subyacente es que la gestión prioriza a los operadores privados y a la lógica de mercado por encima de la carga directa sobre los ciudadanos.   La medida también alimenta el debate sobre el rol del Estado en la gestión de servicios públicos. Si la privatización de autopistas se vende como la panacea para mejorar infraestructura y gestión, ¿por qué aplicar un aumento tan brusco en las tarifas justo antes de que nuevos concesionarios entren en escena? La respuesta, para muchos críticos, es sencilla: el aumento prepara el terreno para que los futuros operadores partan de un piso tarifario más alto, consolidando un negocio más rentable a costa del usuario final.   En suma, la decisión de Caputo no es aislada ni técnica: tiene timing político, impacto económico directo y un claro sesgo favorable a la lógica del mercado, sin mecanismos de compensación ni alivio para los usuarios golpeados por la inflación y la retracción del consumo. Más allá del 20 % en el número, lo que está en juego es qué prioridades impone un Gobierno que insiste en ajustar tarifas mientras promete mejoras que, hasta ahora, parecen lejanas para la mayoría de la población.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P