El sistema de salud argentino suma nuevas señales de alerta. La Superintendencia de Servicios de Salud resolvió declarar en situación de crisis a cuatro obras sociales más, que se suman a una larga lista de prestadores en problemas financieros. La medida, informada oficialmente este martes, alcanza a las obras sociales del Personal de Seguridad Comercial e Industrial, la de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros, la de Carga y Descarga de la República Argentina, y la de los Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Las razones detrás de esta decisión son contundentes: acumulación de deudas con prestadores, incumplimientos contractuales, caída en la recaudación y deficiencias en la cobertura de servicios básicos para los afiliados. La situación genera preocupación no solo entre los trabajadores cubiertos por estas entidades, sino también en el conjunto del sistema sanitario, que viene soportando un proceso de deterioro sostenido. Desde la Superintendencia justificaron la decisión señalando que “se busca resguardar los derechos de los afiliados y garantizar la continuidad de las prestaciones esenciales”. No obstante, en los sindicatos vinculados a estas obras sociales crece el malestar: acusan al Gobierno de no asistir financieramente a las entidades ni de actualizar los valores de los reintegros en un contexto inflacionario que golpea con fuerza los costos médicos. La situación no es nueva: en lo que va del año ya son más de diez las obras sociales intervenidas o declaradas en crisis. Desde la CGT advierten que la parálisis de aportes patronales en sectores golpeados por la recesión, sumado a los efectos del ajuste económico, amenaza con desfinanciar todo el sistema de salud sindical, que da cobertura a más de 16 millones de argentinos. A esto se suma el éxodo de prestadores privados, clínicas y laboratorios que exigen pagos adelantados o actualizaciones de aranceles por encima de lo que las obras sociales pueden afrontar. El resultado: turnos demorados, prestaciones interrumpidas y servicios de urgencia al límite. La declaración de crisis habilita a la Superintendencia a intervenir administrativamente, reasignar fondos de emergencia o incluso disponer la transferencia de afiliados a otras entidades en caso extremo. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que estas medidas son solo paliativos que no resuelven el problema estructural de fondo. Mientras tanto, los afiliados —trabajadores de seguridad, choferes de colectivos, personal de carga y descarga, y empleados de clubes y entidades deportivas— temen por la continuidad de sus coberturas médicas. “No sabemos si mañana vamos a tener medicamentos o si nos van a atender en una guardia”, resumió un delegado gremial consultado por este medio. En el Gobierno relativizan la gravedad de la situación, pero admiten por lo bajo que las tensiones en el sistema podrían profundizarse en los próximos meses si no mejora la recaudación ni se inyectan recursos frescos. La pulseada por la caja de las obras sociales vuelve a estar en el centro de la escena.