El gobierno de Javier Milei chocó contra un límite político clave en el Congreso: no tiene los votos para eliminar las PASO y ahora se ve obligado a negociar una salida alternativa con sus aliados. La Casa Rosada ya reconoce puertas adentro que la eliminación total de las primarias no es viable en el corto plazo. La resistencia no viene solo de la oposición, sino también de sectores dialoguistas y de gobernadores que consideran a las PASO una herramienta central para ordenar la competencia política.  Ante ese escenario, el oficialismo cambió de estrategia. En lugar de insistir con la eliminación, empezó a explorar opciones intermedias, como transformar las PASO en un sistema optativo. Esa alternativa aparece hoy como la salida más realista para avanzar con la reforma electoral sin chocar contra la falta de mayorías.  En este nuevo esquema, dos figuras ganaron protagonismo: Patricia Bullrich y Diego Santilli. Ambos quedaron al frente de las negociaciones políticas para intentar construir consensos con gobernadores, el PRO y bloques dialoguistas, en una mesa que mezcla intereses legislativos y electorales.  El problema de fondo no es solo político, también es económico. El Gobierno utiliza como argumento el costo de las PASO —que supera los 30 mil millones de pesos— en un contexto de ajuste fiscal, intentando convencer a los aliados de avanzar en cambios para reducir ese gasto.  Sin embargo, la mayor tensión se concentra en la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno necesita construir una coalición competitiva para enfrentar al gobernador Axel Kicillof. En este terreno, destaca el rol de Diego Santilli, quien combina gestión con construcción política. Esta semana, Santilli prevé reunirse con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para fortalecer la red de gobernadores aliados que facilitan la negociación en el Congreso. El martes, Santilli se encontrará con Cristian Ritondo en la sede nacional del PRO, en la calle Balcarce, para iniciar formalmente la negociación sobre un posible frente común en la provincia. Pero la negociación es más compleja de lo que parece. Los gobernadores condicionan cualquier acuerdo a la discusión por recursos y financiamiento, lo que convierte a la reforma electoral en una moneda de cambio dentro de un tablero más amplio.  El trasfondo es político y estratégico. La reforma electoral no solo define reglas de votación: impacta directamente en cómo se organizan las fuerzas políticas de cara a 2027, afectando internas, alianzas y la construcción de poder. El Gobierno tuvo que retroceder en su plan original. Y ahora, más que imponer una reforma, necesita construirla. Porque sin votos, incluso los cambios más ambiciosos terminan dependiendo de la negociación.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P