La avanzada del gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Glaciares chocó con su primer gran límite: la Justicia federal de Santa Cruz suspendió la aplicación de la reforma apenas horas después de su reglamentación. El fallo marca un punto de inflexión político y judicial en una de las iniciativas más sensibles del oficialismo.    La decisión fue tomada por un juzgado federal de Río Gallegos, que hizo lugar a un amparo presentado contra los cambios impulsados por el Ejecutivo. La medida cautelar ordena frenar la aplicación de la nueva normativa en todo el territorio santacruceño hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, lo que deja en suspenso uno de los ejes centrales del plan oficial para habilitar inversiones en zonas estratégicas.  El conflicto no es menor. La reforma modifica la histórica Ley de Glaciares sancionada en 2010, que establecía fuertes restricciones a la actividad minera y protegía los glaciares como reservas clave de agua. Con los cambios promovidos por el Gobierno, se reduce el alcance de las áreas protegidas y se otorga mayor poder a las provincias para definir qué zonas pueden ser explotadas.    Ese punto es el corazón de la disputa. Mientras el oficialismo plantea una lógica de “federalización” y desarrollo productivo, los cuestionamientos judiciales y ambientales advierten que la reforma implica una regresión en los estándares de protección y abre la puerta a actividades que antes estaban prohibidas. En el amparo, incluso, se señala que podría afectarse el régimen de presupuestos mínimos ambientales establecido por la Constitución.    La velocidad del conflicto expone el nivel de tensión. El Gobierno reglamentó la ley para acelerar su implementación, pero en cuestión de horas la Justicia intervino y frenó su aplicación, anticipando un escenario de judicialización que ya había sido advertido durante el debate legislativo.    El fallo en Santa Cruz no cierra la discusión, la amplifica. Otras provincias ya evalúan presentaciones similares y el tema promete escalar en los tribunales, con impacto directo en la política nacional. En un contexto donde Milei busca avanzar sobre reformas estructurales, la pelea por los recursos naturales vuelve a convertirse en un campo de batalla clave.   La disputa recién empieza, pero deja una señal clara: cada intento de reforma profunda ya no se juega solo en el Congreso, sino también en la Justicia. Y ahí, el margen de maniobra del Gobierno empieza a achicarse.         Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P