La Superintendencia de Seguros de la Nación, bajo la conducción de Guillermo Plate, quedó en el centro de la polémica tras modificar de forma abrupta el esquema de administración del Fondo de Reserva y habilitar el manejo de unos USD 300 millones a una firma sin trayectoria en el sector. La decisión se tomó en el contexto de la quiebra de Galeno, uno de los episodios más críticos del sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo en los últimos años.   El Fondo de Reserva no es un instrumento menor. Desde su creación por la ley 24.557, funciona como una garantía para que los trabajadores cobren sus prestaciones en caso de quiebra de una ART. Durante casi dos décadas, su administración siguió un esquema estable: una aseguradora gerenciadora, seleccionada por licitación pública, se encargaba de ejecutar pagos y gestionar siniestros, mientras que los juicios eran llevados por áreas especializadas o estudios con experiencia comprobada en el sector.   Ese modelo se rompió en 2026. Con la caída de Galeno, la Superintendencia decidió no convocar a las ART y avanzar con un nuevo sistema: abrir una compulsa entre estudios jurídicos para hacerse cargo de los expedientes, respaldados por los fondos millonarios del sistema. El cambio no fue solo administrativo, sino estructural, porque alteró la lógica de control y funcionamiento de un mecanismo clave para la seguridad social.   El dato que encendió las alarmas es quién quedó al frente del negocio. El paquete más importante —unos 30.000 expedientes judiciales— fue asignado a GCQ y Asociados S.A.S., una firma creada el 13 de enero de 2026 y formalizada en el Boletín Oficial apenas semanas después. Es decir, una estructura sin antecedentes en la gestión de quiebras de ART quedó a cargo del segmento más pesado del Fondo de Reserva.   El contraste es evidente. En 2024, el mismo sistema había sido adjudicado mediante licitación a Prevención ART, una compañía con trayectoria en el rubro. En cambio, el nuevo esquema se implementó mediante una contratación directa por “urgencia”, con un plazo de apenas cinco días para presentar ofertas. El proceso se publicó el 19 de febrero y cerró el 24, en tiempos que en el sector consideran inusualmente acelerados para una decisión de semejante magnitud.   La adjudicación, además, no aparece formalmente publicada, aunque en la práctica ya se reconoce a la firma como gerenciadora. Incluso tribunales como el de Tucumán comenzaron a girar oficios identificándola como responsable del Fondo de Reserva, lo que confirma que el cambio ya está operativo.   El contexto agrava las dudas. La crisis de Galeno no fue un hecho repentino. La compañía venía anticipando su situación desde al menos un año antes de la quiebra. Sin embargo, la Superintendencia demoró decisiones clave: la inhibición de bienes recién se dictó en noviembre de 2025 y la quiebra se formalizó en marzo de 2026. En ese lapso, el organismo avanzó con el nuevo esquema de administración, lo que en el sector interpretan como un timing llamativo: mientras se dilataba la caída de la ART, se preparaba el terreno para el cambio de modelo.   Las implicancias son profundas. El paso de un sistema gestionado por aseguradoras a otro en manos de estudios jurídicos abre interrogantes sobre la transparencia, los controles y los costos. También sobre la eficiencia en el manejo de miles de juicios que impactan directamente en los derechos de trabajadores que dependen de esos fondos para cobrar indemnizaciones y prestaciones.   Por eso, la decisión no se lee solo como un cambio técnico. Se interpreta como una reconfiguración del negocio.Un fondo millonario, un proceso acelerado, una firma sin antecedentes y una estructura que cambia justo en el momento más sensible del sistema. Todo bajo la órbita de un organismo que tenía la responsabilidad de garantizar previsibilidad y terminó introduciendo incertidumbre. En ese escenario, la pregunta ya no es solo administrativa. Es política e institucional. Porque cuando se modifican las reglas en el manejo de recursos críticos, sin transparencia plena y con actores sin experiencia al frente, lo que se pone en juego no es solo la eficiencia del sistema, sino la confianza en cómo el Estado administra fondos que, en última instancia, pertenecen a los trabajadores.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P