La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a escalar en las últimas horas con un pedido clave del fiscal Franco Picardi, quien solicitó nuevas citaciones judiciales para avanzar sobre el entramado de corrupción que investiga la Justicia federal. El foco está puesto en una presunta estructura de sobornos, direccionamiento de contratos y sobreprecios que habría funcionado dentro del organismo durante los últimos años, con la participación de funcionarios, intermediarios y empresarios del sector farmacéutico.  La decisión causó pánico en la Rosada, toda vez que Karina Milei y los Menem temen que el ex titular de la Andis cuente el circuito de coimas para salvarse el pellejo.   Entre los principales apuntados aparecen Diego Spagnuolo, su ex número dos Daniel Garbellini y el operador Miguel Ángel Calvete, señalados como parte central de una organización que habría manipulado licitaciones y facilitado pagos indebidos a cambio de beneficios económicos.  La causa está caratulada como "Denunciado: Milei, Javier y otros s/defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles" y Picardi estima que los hechos bajo su investigación van desde diciembre de 2023 hasta octubre del 2025.   La investigación también alcanza a un grupo amplio de empresarios —más de 20 según distintas reconstrucciones del expediente— vinculados a droguerías y proveedores que habrían participado del esquema mediante el pago de retornos para asegurarse contratos estatales.    De acuerdo con el avance judicial, el mecanismo incluía la adjudicación direccionada de compras de medicamentos e insumos, con sobreprecios significativos, y el pago de comisiones ilegales que, según estimaciones de la causa, podían alcanzar entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.    El expediente, que tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello, ya acumula pruebas como chats, documentación, allanamientos y movimientos de dinero que comprometerían a los involucrados y que permiten reconstruir una estructura paralela dentro del Estado destinada a desviar fondos públicos.    Además, la causa ya tuvo consecuencias políticas y administrativas, con renuncias, allanamientos y embargos millonarios, mientras la Justicia busca determinar el alcance total de la red y si existieron responsabilidades de mayor nivel dentro del esquema.    El avance de Picardi marca un nuevo capítulo en uno de los casos de corrupción más sensibles que enfrenta el Gobierno, con impacto directo en un área especialmente vulnerable como la asistencia a personas con discapacidad, y con derivaciones que todavía podrían escalar tanto en el plano judicial como en el político.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P