La diputada nacional de La Libertad Avanza por Salta, Gabriela Flores, quedó en el centro de la polémica tras reconocer públicamente que utilizó pasajes oficiales del Congreso para que su hijo viaje entre Salta y Buenos Aires. La propia legisladora confirmó el hecho y lo defendió con una frase que encendió el debate: “No es un delito”.   La revelación surgió durante una entrevista radial en la que fue consultada por un episodio ocurrido en un aeropuerto. Lejos de esquivar el tema, Flores admitió que su hijo —quien estudia Abogacía en la Capital— “puede haber viajado con pasajes del Congreso” y sostuvo que se trata de un recurso al que tiene derecho como diputada del interior.   “Mi hijo estudia acá en Buenos Aires. Puede haber viajado con pasajes del Congreso. No es delito, he dado pasajes a otros”, afirmó, en una declaración que rápidamente generó repercusiones por el uso de recursos públicos para fines personales. Escuchalo acá:¨Gabriela Flores, reconoció que su hijo viaja de Salta a Buenos Aires con pasajes del congreso¨   El punto en discusión El eje del cuestionamiento no pasa por la existencia del beneficio, sino por su finalidad. Los pasajes oficiales están destinados a garantizar el traslado de los legisladores para el cumplimiento de sus funciones parlamentarias, no para cubrir viajes privados o familiares. En ese sentido, el caso vuelve a poner bajo la lupa el uso discrecional de recursos del Estado en un contexto donde el propio oficialismo construyó su identidad política en base a la crítica a “la casta” y a los privilegios de la política. El dato no es menor: una diputada nacional percibe actualmente un salario cercano a los seis millones de pesos mensuales, un ingreso que —según remarcan distintos sectores— permitiría afrontar gastos personales sin recurrir a fondos públicos. Una defensa que no alcanza Tras la difusión del caso, Flores reforzó su postura en redes sociales. Aseguró que los pasajes forman parte de los viáticos asignados a los diputados del interior, sostuvo que no tiene “nada que esconder” y ofreció dar explicaciones a través de sus canales institucionales. Sin embargo, la defensa no logró desactivar la polémica. El episodio se suma a una serie de situaciones que vienen golpeando la narrativa del oficialismo en materia de transparencia y austeridad, en un contexto donde crecen los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos por parte de dirigentes libertarios. La contradicción El caso expone una tensión cada vez más evidente entre el discurso y la práctica. Mientras el Gobierno mantiene una retórica dura contra los privilegios de la política tradicional, episodios como este alimentan la percepción de que ciertas prácticas siguen vigentes, incluso dentro del espacio que prometía erradicarlas.   Porque más allá de la discusión legal, el problema es político. Y cuando los privilegios se justifican en nombre de la legalidad, el debate deja de ser jurídico. Pasa a ser ético.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P