El conflicto entre el Gobierno nacional y los intendentes sumó un nuevo capítulo y escala al terreno judicial. Un grupo de jefes comunales de distintas ciudades del país prepara una ofensiva contra la administración de Javier Milei por la retención de fondos que, según denuncian, deberían destinarse a infraestructura y servicios esenciales.  La movida comenzó a tomar forma en una reunión realizada en Paraná, donde intendentes de diferentes signos políticos coincidieron en avanzar con una estrategia común: llevar el reclamo a la Justicia ante lo que consideran una apropiación indebida de recursos nacionales, en particular los vinculados al impuesto a los combustibles, que tienen asignación específica para obras viales.  El planteo es directo. Dicen que Nación retiene fondos. Y que eso afecta a las ciudades. La decisión de judicializar el conflicto no es aislada, sino que se inscribe en un escenario más amplio de tensión entre los gobiernos locales y la Casa Rosada. Intendentes de distintas provincias vienen denunciando una caída sostenida de recursos, mientras aseguran que deben hacerse cargo de mayores gastos en áreas sensibles como salud, asistencia social y transporte.  Los intendentes sostienen que el actual esquema concentra recursos en la Nación mientras traslada responsabilidades a provincias y municipios, lo que genera un desequilibrio que impacta directamente en la gestión local. La falta de fondos, advierten, pone en riesgo la continuidad de servicios básicos y obras públicas.  Además, la ofensiva judicial se articula con otros movimientos dentro del peronismo y sectores opositores, que buscan coordinar una estrategia común frente al ajuste nacional. En paralelo, gobernadores como Axel Kicillof ya avanzaron con reclamos propios ante la Corte Suprema por la distribución de recursos, en una disputa que empieza a escalar en todos los niveles del Estado.  El dato político es fuerte. Porque ya no es solo un reclamo. Es una batalla institucional. La posibilidad de que múltiples municipios avancen con demandas simultáneas podría abrir un frente judicial complejo para el Gobierno, que debería responder en distintos tribunales mientras intenta sostener su política de ajuste fiscal.   La avanzada judicial de los intendentes marca un punto de inflexión en la relación entre la Nación y los gobiernos locales. Cuando el conflicto por los recursos llega a los tribunales, deja de ser solo una discusión política para convertirse en una disputa institucional de alto impacto.   En ese escenario, el debate de fondo es el federalismo. Porque más allá de los números, lo que está en juego es quién administra, quién decide y quién paga los costos de un modelo que redefine el equilibrio entre Nación, provincias y municipios.