El escándalo en el PAMI no para de escalar. Esta vez, uno de los intendentes más cercanos a Axel Kicillof, Gustavo Barrera (Villa Gesell), encendió la mecha al presentar una denuncia formal por presuntos actos de corrupción en la delegación local del organismo. La acusación apunta contra funcionarios designados durante la gestión de Javier Milei y desató un efecto dominó entre intendentes del conurbano y del interior. La denuncia sostiene que habría un entramado de sobreprecios, contratos a medida y favoritismo político en la distribución de recursos y prestaciones del PAMI. Según fuentes municipales, incluso se detectaron pagos a centros de jubilados “fantasma” y desvíos de medicamentos. La reacción en el Congreso no se hizo esperar. Diputados de Unión por la Patria, la UCR y algunos bloques provinciales ya comenzaron a impulsar la conformación de una comisión investigadora. “No es una causa menor, está en juego la salud y la dignidad de nuestros jubilados”, advirtió el diputado radical Julio Cobos. Desde el oficialismo libertario intentan bajarle el tono al escándalo, pero en off reconocen preocupación por la velocidad con la que crecen las denuncias. El caso de Merlo se suma a otros ya presentados en municipios como La Matanza, Quilmes y Rosario. En paralelo, en el PAMI guardan silencio y evitan pronunciamientos públicos, mientras los gremios internos comienzan a hablar de “una interna feroz entre los nuevos funcionarios libertarios y los resabios de la gestión anterior”. En una semana marcada por el conflicto con los jubilados y la tensión por el veto presidencial al aumento aprobado en el Congreso, esta nueva denuncia golpea en uno de los puntos más sensibles del gobierno de Javier Milei: su relación con los adultos mayores.