La Justicia argentina dio un nuevo paso en la causa que investiga el posible daño ambiental de una planta de hidrógeno verde proyectada en Uruguay, un caso que empieza a escalar tanto en el plano judicial como en el político y diplomático.   El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la fiscal federal Josefina Minatta, quien advirtió que el emprendimiento —ubicado en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón— podría generar contaminación con impacto directo en territorio argentino.    En esta nueva instancia, el foco estuvo puesto en una cuestión clave: definir qué tribunal debe intervenir en el caso. La Justicia analiza si corresponde que la causa sea tratada directamente por la Corte Suprema o por un juzgado federal ordinario, un paso técnico pero determinante para el futuro del expediente.    Más allá de la cuestión procesal, el trasfondo del conflicto es profundo. La denuncia sostiene que la instalación de la planta podría afectar el ecosistema del río Uruguay, así como actividades económicas del lado argentino, especialmente el turismo en la región de Entre Ríos.  El proyecto, impulsado por la empresa HIF Global, forma parte de una inversión millonaria orientada a la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos, una industria que Uruguay busca desarrollar como parte de su estrategia energética.    Sin embargo, del lado argentino crecen las preocupaciones. Autoridades provinciales y sectores sociales advierten sobre el impacto ambiental y paisajístico, y recuerdan antecedentes sensibles como el conflicto por las papeleras, que tensó durante años la relación bilateral.    El caso también tiene implicancias diplomáticas. Mientras ambos países mantienen canales de diálogo abiertos, la causa judicial introduce un nuevo factor de presión que podría escalar si se comprueban irregularidades o incumplimientos de acuerdos internacionales, como el Estatuto del Río Uruguay.  Por ahora, la investigación se encuentra en una etapa preliminar y no hay imputaciones formales. Pero el avance judicial confirma que el tema dejó de ser solo una discusión ambiental para convertirse en un conflicto con múltiples dimensiones: económica, política y geopolítica.   En ese escenario, el futuro de la planta no dependerá únicamente de estudios técnicos. También estará atravesado por decisiones judiciales, negociaciones diplomáticas y la presión social de ambos lados del río.   Y como ya ocurrió en el pasado, lo que está en juego no es solo una inversión: es el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental en una de las zonas más sensibles de la región.           Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P