El fin de 2025 encontró al oficialismo celebrando con entusiasmo la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado, la primera gran victoria legislativa del presidente Javier Milei desde que asumió. Ese logro, alcanzado con 46 votos afirmativos, aunque dos menos que los dos tercios necesarios para decisiones más profundas —como cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia— no solo brindó impulso político sino también evidenció desafíos por delante para la Casa Rosada.    En los pasillos del poder y el “círculo rojo”, funcionarios y dirigentes oficialistas discutieron la importancia de haber conseguido el Presupuesto tras una semana política turbulenta que incluyó tensiones en la Cámara baja y la necesidad de negociar con gobernadores peronistas que inicialmente habían rechazado partidas clave. El respaldo de senadores como Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza fue fundamental para torcer el final de la votación a favor del Gobierno.    Las negociaciones internas de diciembre revelaron que la Casa Rosada debió pasar de una postura rígida en torno a la derogación de ciertos artículos polémicos en Diputados a una estrategia más pragmática en el Senado que facilitara el acuerdo con legisladores de distintos espacios. Ese pragmatismo permitió consolidar la sanción, aunque dejó al Ejecutivo con la sensación de haber estado muy cerca, pero sin alcanzar esos dos tercios que habilitan objetivos aún mayores en el Congreso.    Ya más allá del festejo, en el entorno oficialista se comenzaron a especular los escenarios para las negociaciones de poder que se vienen en 2026, especialmente durante el receso de verano en enero, período en el que suele intensificarse la comunicación política y las “mesas de poder” no oficiales fuera del Congreso. Analistas consultados por fuentes del Gobierno afirman que estas semanas serán cruciales para reconstruir alianzas con bloques aliados que podrán ser decisivos cuando se retome la actividad legislativa en febrero.    Un punto especialmente sensible para el próximo año es la designación de jueces de la Corte Suprema y otros cargos judiciales de peso. Aunque la Casa Rosada obtuvo la ley de leyes sin poder apelar a la mayoría especial, su incapacidad de reunir los dos tercios completos obliga a pensar en estrategias cross-block que permitan destrabar nombramientos claves a partir del inicio de sesiones ordinarias. Ese dilema, según operadores judiciales y políticos, será una “prueba de fuego” para la capacidad de negociación del oficialismo en su segundo año de gestión.    En paralelo, ya hay operadores que miran hacia otros debates estructurales que el Gobierno quiere empujar en 2026, como la reforma laboral, cuyo éxito dependerá de la capacidad de coordinar votos más allá de la propia coalición. La falta de dos tercios también influirá en la dinámica de esas discusiones, especialmente si implican cambios constitucionales o ajustes de mayor calado en el entramado jurídico argentino.    El escenario político, entonces, mezcla la percepción de triunfo con la realidad de una mayoría aún insuficiente para ciertas decisiones institucionales clave, lo que empuja al Ejecutivo a desplegar una agenda de diálogo y negociación más amplia que deberá calibrar cuidadosamente durante la temporada política invernal y el receso veraniego.    En síntesis, tras la celebración oficialista en el Congreso y la conquista parlamentaria del Presupuesto, el verano político argentino del 2026 se perfila como un período de reequilibrio de alianzas y de cálculos sobre cómo alcanzar esos dos tercios que aún eluden al Gobierno para completar su proyecto de reformas estructurales.        Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P