El 19 de noviembre de 2025, el Ejecutivo nacional anunció que suspende la transferencia de las plataformas de la entidad que reemplazó a la antigua CINA —CINAIN— y dispuso que sus derechos y servicios pasen nuevamente al control del INCAA. La medida fue justificada en base a un informe técnico que advirtió riesgos de pérdida de patrimonio estatal y falta de transparencia en la operación.    La disposición implica que todas las licencias de distribución, las plataformas digitales heredadas y los contratos vinculados a CINAIN reingresen al ámbito del INCAA, que tendrá nuevamente la facultad de administrar contenidos, definir políticas de distribución y coordinar el financiamiento estatal del sector audiovisual. Funcionarios de la cartera de Cultura explicaron que la decisión responde a la necesidad de proteger “el patrimonio cultural y comunicacional del Estado”. Según fuentes internas, la transferencia privada ya había sido aprobada informalmente y se encontraba en etapa de diseño operativo, pero fue frenada por una evaluación del Ministerio de Economía que determinó que implicaba un costo fiscal no estimado y riesgos en el marco del nuevo régimen audiovisual. En particular, se mencionan cláusulas de exclusividad que podrían haber favorecido a capitales privados cercanos al sector.   Muestra un giro en la lógica de apertura privada de la economía y una reafirmación del papel del Estado en la gestión mediática y cultural, en línea con la tensión actual entre liberalización y control estatal. Indica que el bloque gubernamental está alerta frente a críticas de “privatización de lo público” y busca evitar filtraciones que puedan afectar su narrativa de renovación y transparencia. Pone en evidencia que la política audiovisual no es una cuestión menor: el control de plataformas digitales y producción cultural es una variable de poder simbólico, clave en la era de medios y redes. A corto plazo, el INCAA deberá asumir la estructura operativa de las plataformas, lo cual exige recursos, capacidad técnica y responsabilidad que podrían generar demoras o conflictos con proveedores.   Si la gestión estatal no mejora la distribución o la oferta de contenidos, el agotamiento del discurso cultural podría volverse crítico para el Gobierno.Desde el mercado audiovisual, la decisión puede generar resistencia de plataformas o inversores que esperaban participar en dicha transferencia, lo que podría retrasar inversiones o alianzas estratégicas.   A nivel político, este movimiento puede ser interpretado por algunos sectores como un abandono del modelo de “economía de mercado abierta”, lo que podría generar recelos en el sector empresarial o en aliados que esperaban liberalización.   La interrupción de la transferencia de las plataformas de CINAIN y la vuelta del control al INCAA no es un simple ajuste institucional: es un gesto político cargado de significado sobre qué Estado se quiere construir. En el tablero de la economía y la cultura, esta decisión marca que la batalla por la distribución digital y el control de contenidos ya se juega en clave de poder. Ahora queda ver si el Estado puede gestionar con eficacia lo que recuperó.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P