Nacional

La oposición impulsa moción de censura para remover a Francos

Por suspender la ley de discapacidad varios bloques opositores presentaron en Diputados y el Senado un pedido para interpelar y eventualmente destituir al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Alegan que el Ejecutivo, mediante el Decreto 681/2025, promulga la Ley de Emergencia en Discapacidad pero la suspende hasta que el Congreso especifique las fuentes de financiamiento.

  • 23/09/2025 • 14:05

Francos dijo que si lo

 

La tensión política se aceleró este martes en el Congreso de la Nación: varios diputados y senadores de la oposición presentaron mociones de interpelación y censura contra Guillermo Francos, jefe de Gabinete, por su responsabilidad directa en la reglamentación de la Ley 27.793, conocida como Ley de Emergencia en Discapacidad. El eje del conflicto es el Decreto 681/2025, que promulgó la norma pero suspendió su ejecución hasta que el Congreso determine los fondos necesarios para su implementación. 

 

Los pedidos provienen de bloques como Encuentro Federal, Coherencia, Fuerza Patria, entre otros, que argumentan que la suspensión es “inconstitucional”, viola la división de poderes y constituye un incumplimiento explícito de obligaciones que Francos tiene conforme a la ley de discapacidad y la administración financiera. 

 

Francos respondió públicamente que está dispuesto a concurrir al Congreso si lo citan para una interpelación. Señaló que la ley fue promulgada, pero que “la normativa exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar fuentes de recursos para su financiamiento”, aludiendo al artículo 5 de la Ley de Administración Financiera y al artículo 38 de la misma ley.

 

La oposición sostiene que los números le dan: en la Cámara de Diputados requerirían mayoría absoluta (129 votos) y algo similar en el Senado (37). Si prosperan las mociones de censura, Francos podría ser removido del cargo, aunque hay quienes advierten que el presidente podría volver a nombrarlo inmediatamente. No hay antecedentes en la Argentina de mociones de censura desde que se aprobó la reforma constitucional en 1994, y  en el caso de la remoción de un funcionario requiere que sea aprobado por las dos Cámaras del Congreso de la Nación.

 

El caso tiene una fuerte dimensión social y política: la ley de discapacidad fue sancionada por ambas cámaras, el veto presidencial fue rechazado, pero su aplicación quedó en suspenso. Mientras tanto, organizaciones sociales y personas con discapacidad denuncian la falta de acceso efectivo a los derechos que la ley garantiza, generando un escenario de malestar creciente. 
 

 

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