El decreto 523/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo, junto a una actualización del 1,6?% por movilidad para agosto. A juicio del Ejecutivo, es una compensación frente a la erosión previsional provocada por la alta inflación.  Con esta suma adicional, quienes reciben el haber mínimo -estimado en $314.305,37- cobrarán un total de $384.305,37, un piso que no experimenta variaciones desde marzo de 2024. Para aquellos que superen el mínimo, el bono se ajustará hasta completar ese monto. Según el decreto, el pago es no remunerativo, no es computable para otros beneficios y está exento de descuentos.  Desde el Ministerio de Capital Humano, argumentaron que el bono busca “mantener el poder adquisitivo” de las prestaciones más bajas. Sin embargo, el silencio oficial sobre la inflación acumulada y el estancamiento del monto revelan una táctica calculada: entregar apariencia de alivio sin ajustar el dolor real de los jubilados.  El contraste se vuelve más dramático frente al rechazo presidencial a una ley del Congreso que proponía elevar el bono a $110.000 y aplicar un aumento del 7,2?% a todos los haberes previsionales. Esa iniciativa, aprobada por el Senado, sería vetada por completo por el Ejecutivo, que insiste en argumentar un “déficit cero” como máxima prioridad.  No sorprende: mientras el Gobierno defiende su política fiscal estricta, los jubilados pierden terreno casi a diario. Un ajuste del 1,6?% frente a una inflación mensual que supera ampliamente el 4?% significa pérdida real del poder adquisitivo para los adultos mayores. Ni el bono ni la movilidad mínima alcanzan para compensar la escalada de precios de alimentos, transporte, medicamentos y servicios.  La medida también deja fuera claramente a otros sectores vulnerables: las jubilaciones no contributivas, asignaciones familiares, historia clínica ambiental y la educación pública siguen soportando recortes o congelamientos. Al no incluir actualizaciones progresivas, el bono perfila su naturaleza como gesto electoral más que política de piso social. Para la oposición, la jugada fue infantil: el bono ya estaba aprobado por ley en julio, y el Ejecutivo lo veta. Solo entrega lo que debería haber dado sin conflicto institucional. Sólo promete mientras aprieta el ajuste en otras áreas críticas como salud, ciencia y derechos adquiridos. ¿Qué implica esta medida? Un parche técnico e insuficiente frente a la inflación acumulada y la pérdida real de poder adquisitivo. Una estrategia del Gobierno que prioriza el equilibrio fiscal sobre la justicia social, bloqueando aumentos más amplios aprobados por el Congreso. Un bono congelado que ya no compensa ni simbólicamente el deterioro del ingreso de millones de jubilados. En síntesis: más que un alivio, este bono confirma el techo del ajuste. Mientras tanto, el conflicto institucional y la retórica del déficit cero pagan el precio más alto: los adultos mayores.       ¡No te pierdas ningún detalle de la política argentina y mundial! Síguenos en nuestro canal de WhatsApp: Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P