En una movida que sacude el tablero político local, el concejal radical Fernando del Castillo de la LLA, enfrenta una movida formal desde el Concejo Deliberante de Salta: será debatida su expulsión por pedir favores sexuales a cambio de contratos municipales, destinados a una menor de 17 años. La situación adquirió dimensiones urgentes cuando varias denuncias recayeron sobre su figura por abuso de poder y conducta impropia. La sesión especial está convocada tras la presentación de vecinos e instituciones de Derechos Humanos, que exigieron que el bloque de Juntos por el Cambio impulse la suspensión política del concejal mientras avanzan las causas judiciales. Según Infobae, ya hay manifestaciones en la puerta del Concejo y una fuerte presión mediática en Salta capital. Del Castillo es un referente territorial dentro del oficialismo provincial, por lo que su caso abre una grieta interna de fondo: ¿hasta qué punto puede el radicalismo tolerar impunidad frente a un escándalo de abuso? Desde sectores afines al gobernador decidieron que lo mejor es actuar rápido para “sacudir la interna”, en clara señal de prudencia ante el escándalo. En el Frente de Todos, que gobierna con amplia mayoría en el Concejo, la postura fue contundente: “Debe ser expulsado inmediatamente”. Argumentan que su conducta corrompe no solo la institucionalidad, sino la credibilidad del sistema representativo provincial. Asimismo, desde organizaciones de mujeres y derechos de menores, la petición incluyó asumir la expulsión como acto simbólico: “No es solo justicia legal, es justicia política”. La defensa pública de Del Castillo se limitó a una declaración breve en la que negó los hechos y pidió respeto por su presunción de inocencia, aunque fuentes consultadas hablan de un bloqueo formal a su nombre dentro de su propio bloque. En paralelo, el concejal tiene abierta una causa penal por abuso de autoridad y corrupción, a cargo de la fiscalía especializada en violencia de género. La discusión sobre su expulsión pone al desnudo las contradicciones del régimen político salteño. Mientras el discurso oficial insiste en la lucha contra la corrupción y en defender “la moral pública”, la respuesta frente a este caso será vista como una prueba de coherencia institucional. Si Del Castillo queda fuera, el gobierno podrá capitalizar el intento de limpieza; si logra mantenerlo con apoyo político, el desgaste será brutal. Con la sesión en marcha, la provincia entra en una fase de tensión. Los ojos están puestos en la Justicia y en la próxima sesión del bloque radical: ¿se disciplinarán o intentarán salvarlo?       ¡No te pierdas ningún detalle de la política argentina y mundial! Síguenos en nuestro canal de WhatsApp: Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P