El blindaje sobre Santiago Caputo empieza a resquebrajarse. Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica y una de las principales voces anticorrupción del país, presentó un pedido formal para que la Oficina Anticorrupción (OA) lo considere funcionario público de alta jerarquía, dadas sus funciones efectivas dentro del gobierno de Javier Milei. La advertencia, con aroma de denuncia, pone en el centro del debate la falta de transparencia que rodea al asesor más influyente del presidente. Aunque Santiago Caputo no tiene cargo formal, su rol en el gobierno es más que evidente. Define estrategias, ordena discursos, redacta leyes y hasta coordina áreas clave del Ejecutivo, tal como revelaron fuentes de primera línea. Su influencia no es nueva, pero sí cada vez más difícil de disimular. Ahora, Carrió reclama que se aplique el mismo estándar legal que a cualquier ministro: declaración jurada, rendición de cuentas y obligación de someterse a eventuales investigaciones administrativas. El pedido se produce en un contexto de creciente desconfianza hacia el núcleo duro del oficialismo. Caputo, a quien algunos llaman el "Rasputín libertario", concentra un poder desproporcionado sin someterse a ninguna normativa de transparencia. Desde su entorno insisten en que no cobra sueldo del Estado ni firma documentos oficiales, pero esa excusa es la misma que se usó en otros gobiernos para encubrir a operadores que manejaban resortes institucionales desde las sombras. Carrió no solo cuestiona la opacidad de Caputo, sino que también insinúa un posible conflicto de intereses: su cercanía con empresas que tienen vínculos con el Estado, como en el caso del contrato de seguridad de Tech Security con el Banco Nación, manejado por la familia Menem, con quienes Caputo tiene aceitados vínculos políticos. La oposición sospecha que detrás del discurso "anticasta" se esconde un nuevo entramado de privilegios, operadores sin control y negocios paralelos. La intervención de Carrió podría obligar a la Oficina Anticorrupción a pronunciarse formalmente. Si se le da curso al planteo, Caputo debería presentar su patrimonio, sus relaciones contractuales y sus eventuales incompatibilidades, algo que hasta ahora evitó con una lógica de "militancia sin cargo", útil para operar pero frágil ante una eventual acción judicial. Mientras Milei insiste con la pureza ideológica de su equipo, el caso Caputo pone en tela de juicio la autenticidad de ese relato. ¿Cómo puede un gobierno que se jacta de enfrentar a la "casta" permitir que su principal operador actúe con total impunidad? ¿Qué oculta el hermetismo que rodea a Santiago Caputo? Y, sobre todo, ¿quién responde si ese poder informal comete excesos? El pedido de Carrió abre una puerta incómoda para el gobierno. Porque si Santiago Caputo actúa como funcionario, habla como funcionario y decide como funcionario… entonces debe ser tratado como tal ante la ley. Y en esa línea, también debe rendir cuentas.       ¡No te pierdas ningún detalle de la política argentina y mundial! Síguenos en nuestro canal de WhatsApp: Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P