El gobierno de Javier Milei se apresta a lanzar la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, que incluye una licitación nacional e internacional para concesionar 4.428,9 km de rutas nacionales distribuidas en ocho tramos que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa . La iniciativa se suma a la fase anterior, que ya cubrió la "Ruta del Mercosur" con cerca de 741 km, y se espera que los pliegos definitivos se publiquen en el Boletín Oficial en los próximos días o a comienzos de agosto. La concesión abarcará rutas estratégicas como la RN 3 y RN 205 en el tramo Sur, la RN 226 (Atlántico) conectando Mar del Plata con Bolívar, la RN 5 (Pampa), y los corredores Mediterráneo (RN 7 y RN 35) . El esquema prevé obras de rehabilitación, mantenimiento, señalización, iluminación y puesta en marcha progresiva del sistema Free Flow para peajes sin barreras físicas, con vigencia proyectada al año 2027 . El Estado ya no directamente atenderá estas rutas, tras el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, absorbida por los ministerios de Economía y Seguridad en un fuerte recorte estatal . La licitación es parte de una política que busca reducir la presencia del Estado, alegando eficiencia operacional y recorte de gasto, pero también genera alarma ante el creciente riesgo de abandono vial: sindicatos y gobernadores denunciaron que la disolución de Vialidad deja más de 40.000 km sin mantenimiento adecuado y pone en riesgo la seguridad en las rutas, especialmente en territorios apartados? . Además, el gobierno también licitó previamente la primera etapa —el corredor 18 o Ruta del Mercosur— y convocó audiencias públicas para avanzar en el resto de los corredores viales por otros 4.400 km, muchos de los cuales ya estaban bajo gestión de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que desaparecerá . El impacto se extiende al mundo sindical: se advierte sobre la caída de más de 5.000 puestos de trabajo y sobre rutas que ya fueron denunciadas como zonas de alto riesgo sin reparación. La Cámara Argentina de la Construcción rechazó el cierre de Vialidad por considerarlo un obstáculo para una planificación estratégica y transparente . Esta política representa un cambio estructural profundo: el Estado se retira de la gestión vial, se desentiende del dispositivo técnico y deja todo en manos del sector privado. Aunque busca disminuir el déficit fiscal, la pérdida de control estatal podría generar retiros de recursos a provincias productivas como Córdoba o Santa Fe, mientras las rutas internas del país se deterioran sin rumbo. La decisión desafía la coherencia de un discurso neoliberal: ¿expulsar al Estado de rutas o garantizar acceso equitativo al transporte público? El futuro caminero del país depende de saber si estas concesiones serán efectivas o profundas fuentes de lógica privada sin contrapesos democráticos.       ¡No te pierdas ningún detalle de la política argentina y mundial! Síguenos en nuestro canal de WhatsApp: Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P