En medio de una crisis institucional que crece con cada hora, el presidente Javier Milei confirmó que vetará las leyes que fueron aprobadas este jueves por el Senado de la Nación con respaldo transversal. Se trata de tres proyectos que representan un alivio concreto para los sectores más vulnerables del país: un aumento para jubilados y pensionados, la reactivación de la moratoria previsional para quienes no llegan con los años de aportes, y la declaración de la emergencia en discapacidad. A pesar de que las normas cuentan con respaldo político sólido y mayorías que podrían hasta revertir el veto presidencial, el mandatario anunció que no sólo las bloqueará, sino que también las judicializará si el Congreso insiste. Desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en un acto frente a empresarios y financistas, Milei redobló la apuesta contra el Poder Legislativo. Allí acusó a los legisladores de actuar con “desesperación” y calificó la votación como “un puñal al corazón del superávit fiscal”. Sin mencionar directamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero apuntando con claridad hacia su decisión de permitir el desarrollo de la sesión, el Presidente cargó con dureza contra quienes considera traidores a su plan de ajuste: “Vamos a vetar. Y si se diera la circunstancia de que nos lo rechacen, lo vamos a judicializar”, lanzó sin titubeos.                                                       Las leyes sancionadas, impulsadas por la oposición con apoyo de bloques dialoguistas e incluso algunos aliados ocasionales del oficialismo, fueron aprobadas por 41 votos afirmativos contra 25 negativos, en el caso de la fórmula jubilatoria, y alcanzaron los dos tercios en otras iniciativas. Esas cifras dejan al Gobierno en una situación incómoda: el Congreso podría rechazar el veto y convertir las normas en ley de manera definitiva, en un gesto político que implicaría una derrota directa para Milei y su núcleo de poder.   La nueva fórmula aprobada por el Congreso garantiza que los haberes jubilatorios no queden por debajo del 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, además de establecer actualizaciones periódicas por inflación. También se reestableció la moratoria previsional, una herramienta que permite acceder a una jubilación a personas que no cuentan con los 30 años de aportes exigidos, una realidad que alcanza a miles de argentinos, especialmente mujeres y trabajadores informales. Y por último, se sancionó la ley que declara la emergencia en discapacidad, garantizando la continuidad de prestaciones, el pago a profesionales y el acceso a derechos para personas con discapacidad y sus familias. Desde el Gobierno, el argumento central para justificar el veto es el impacto fiscal que, según estimaciones del Ministerio de Economía, alcanzaría el 2,5% del PBI si se aplicaran las tres normas en simultáneo. Sin embargo, sectores de la oposición y organizaciones sociales replican que el costo social de no aplicarlas es aún mayor, en un contexto de ajuste generalizado, recorte de subsidios, caída de jubilaciones en términos reales y parálisis del sistema de asistencia para personas con discapacidad. Con el rechazo presidencial anunciado, el conflicto entre los poderes se profundiza. El Congreso, que actuó dentro de sus facultades constitucionales, ahora deberá decidir si avanza en una eventual insistencia que rompa con la estrategia del veto. Al mismo tiempo, Milei prepara el terreno para llevar el caso a los tribunales, en una maniobra que muchos ya califican como una judicialización del resultado democrático. La pulseada por los derechos previsionales ya no es solo legislativa o económica: es política, institucional y profundamente simbólica. El Presidente eligió vetar al pueblo. El Congreso, ahora, tendrá la última palabra.       SEGUINOS EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP PARA ESTAR SIEMPRE ACTUALIZADO https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M