El futuro judicial de Cristina Fernández de Kirchner se volvió aún más incierto. Según fuentes cercanas a la Justicia Federal, el Tribunal Oral Federal N°2 no descarta rechazar el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de la ex presidenta, condenada de forma definitiva a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces del tribunal consideran que Cristina aún mantiene una importante capacidad de influencia política, capacidad de movilización y vínculos con sectores de poder que podrían dificultar el cumplimiento efectivo de la pena si esta se desarrolla en su domicilio particular del barrio de Constitución. “No es una detenida común, su peso simbólico y operativo es inédito”, reconocen en los despachos de Comodoro Py. Por este motivo, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la idea de imponerle un régimen de cumplimiento más estricto, que podría derivar en su traslado a una residencia oficial bajo control del Servicio Penitenciario Federal o incluso en una cárcel común, aunque esta última opción sigue siendo improbable por razones de seguridad. El planteo de la defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, sostiene que la edad de la ex mandataria (71 años) y sus antecedentes médicos justifican plenamente el arresto domiciliario. Sin embargo, el tribunal tiene margen legal para denegar el beneficio si considera que existen riesgos procesales, como posible obstrucción a la justicia o alteración del orden público. En paralelo, el Gobierno nacional también se metió en la discusión: desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich dejó trascender que ve con buenos ojos que Cristina sea alojada en una residencia oficial controlada y no en su casa, para evitar “situaciones de agitación social” en las puertas de su domicilio, donde desde hace días se concentra militancia kirchnerista en señal de apoyo. El debate sobre dónde y cómo deberá cumplir Cristina su condena se volvió un tema central en la política nacional. Mientras el oficialismo libertario celebra el fallo y pide “cumplimiento efectivo de la pena”, el peronismo resiste y denuncia una persecución judicial con fines electorales. La decisión final podría conocerse en los próximos días y marcaría un antes y un después en la historia política y judicial argentina: sería la primera vez que un ex presidente cumple pena firme de prisión en democracia. El desenlace no sólo impactará en el destino de Cristina Kirchner, sino también en el clima político a meses de las elecciones legislativas de medio término.