La postal del miércoles 4 de junio es tan potente como simbólica: la Plaza Congreso desborda por jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan, científicos del CONICET, personas con discapacidad y colectivos feministas como Ni Una Menos. Todos bajo un mismo grito: "El ajuste no se aguanta más." El detonante fue múltiple. Por un lado, las jubilaciones mínimas quedaron en $304.726 tras la nueva fórmula del gobierno de Javier Milei, muy por debajo del monto que se hubiera cobrado con la anterior (más de $400 mil). Por otro, los residentes y trabajadores de la salud denuncian que no llegan a cubrir la canasta básica y que el Garrahan está al borde del colapso. A esto se sumó la emergencia por discapacidad, con cientos de personas reclamando la restitución de pensiones y el fin del desfinanciamiento a los centros de atención. En paralelo, dentro del Congreso, la oposición intenta impulsar una sesión especial para debatir estos temas de alto impacto social y fiscal. Sin embargo, la rosca legislativa trabó todo: no hubo acuerdo ni siquiera para avanzar con la comisión que investigaría el escándalo $Libra, y el oficialismo aprovechó el cortocircuito para evitar costos políticos mayores. Mientras tanto, en la calle, el termómetro político sube minuto a minuto. “No es solo un reclamo sectorial. Es el país el que se está cayendo”, gritaba una jubilada de 75 años con carteles colgados del cuello. A su lado, residentes del Garrahan exigían “sueldo digno y presupuesto para los pibes”. El operativo de seguridad fue visible pero no represivo. Patricia Bullrich, ministra del área, aseguró que “no se va a reprimir a personas con discapacidad”, aunque no descartó intervención ante “acciones violentas”. La imagen que queda es clara: la Argentina real se plantó en las puertas del Congreso. Y si Milei pensaba que la motosierra no tendría resistencia, el 4J le dejó un mensaje: la calle también vota.