Provincias y CABA

El Gobierno de Neuquén frena desalojo de comunidades mapuches y convoca a mesa de diálogo

La provincia intervino para suspender una orden judicial de desalojo contra las comunidades Quintriqueo y Melo en Villa La Angostura, abriendo una instancia de diálogo que genera tensiones con el Poder Judicial y propietarios privados.

  • 21/05/2025 • 20:19

El Gobierno de Neuquén, encabezado por Rolando Figueroa, decidió intervenir en un conflicto territorial de larga data en Villa La Angostura, suspendiendo una orden judicial de desalojo contra las comunidades mapuches Quintriqueo y Melo. Estas comunidades ocupan desde 2011 un predio en Bahía Huemul, a 35 kilómetros del centro de la localidad.

La comunidad mapuche Lof Paicil Antriao lucha contra el despojo de sus territorios – Marcha

A pesar de que existen fallos judiciales firmes que ordenan la restitución del terreno a sus propietarios originales, el Ejecutivo provincial optó por abrir una mesa de diálogo para evitar un desalojo forzoso. El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, argumentó que la medida busca prevenir posibles violaciones a la Ley Provincial 2302, que protege a grupos vulnerables, incluyendo niños, adolescentes y adultos mayores presentes en el predio. 

Las comunidades mapuches, por su parte, han bloqueado los accesos al terreno y solicitaron la intervención del gobierno provincial para evitar el desalojo. Además, han destacado que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció la ocupación tradicional del territorio por parte del Lof Kinxikew (Quintriqueo) mediante la Resolución 332/23 en 2023. 

La decisión del gobierno provincial ha generado críticas por parte de los propietarios del terreno y sectores de la comunidad local, quienes consideran que se está desoyendo lo resuelto por la Justicia. El juez subrogante Diego Bonorino había establecido un plazo para que las comunidades abandonaran el predio voluntariamente, el cual expiró sin que se concretara el desalojo. 

El conflicto pone de manifiesto las tensiones entre el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y el cumplimiento de las decisiones judiciales, en un contexto donde el gobierno provincial busca evitar enfrentamientos y promover soluciones pacíficas.