El viernes pasado, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) ejecutó el traslado de 19 exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad desde el penal de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, una cárcel construida en 2007 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para alojar a jerarcas de la última dictadura militar. Entre los trasladados se encuentran figuras emblemáticas del terrorismo de Estado, como Alfredo Astiz, conocido como el "Ángel Rubio de la Muerte", y Carlos Guillermo Suárez Mason, excomandante del Primer Cuerpo de Ejército. La lista incluye también a Raúl Guglielminetti, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Mario Marcote, Gerardo Arraez, Julio César Argüello, Juan Carlos Avena, Miguel Ángel Britos, Marcelo Cinto Courteaux, Rodolfo Cionchi, Manuel Cordero Piacentini, Luis Donocik, Alberto González, Lucio Nast y Luis Navarro. El Gobierno justificó la medida argumentando que la cárcel de Ezeiza será reformada para alojar a mujeres y detenidos de "alto perfil", principalmente ligados a la narcocriminalidad. Desde el Ejecutivo señalaron que la Unidad 34 de Campo de Mayo no es una "cárcel VIP", y recordaron que durante el kirchnerismo también se alojaron allí a represores como Jorge "El Tigre" Acosta y Julio "El Turco" Julián. Sin embargo, la decisión generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos. La organización HIJOS Capital expresó: "Al cumplirse ocho años de la jornada histórica con el pañuelazo del No al 2x1 para genocidas, el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich beneficia a genocidas con el traslado a una cárcel con privilegios". El traslado también incluyó a otros presos condenados por delitos comunes, como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, el exfiscal Juan Carlos César Castro y Pablo García Aliverti, hijo del periodista Eduardo Aliverti. La Unidad 34 de Campo de Mayo fue construida en 2007 en un predio que anteriormente estaba bajo jurisdicción del Ejército. Durante la gestión de Víctor Hortel al frente del SPF, se realizaron ampliaciones y reformas en el lugar. Aunque en su momento fue utilizada para alojar a represores, en los últimos años su uso había sido limitado El traslado de los represores reaviva el debate sobre las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina, y pone en el centro de la escena la postura del Gobierno frente a los crímenes de la dictadura.