El Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de batalla entre Javier Milei y los gobernadores. El peronismo denunció que el proyecto enviado por el Gobierno concentra más de $15 billones dentro de la denominada Jurisdicción 91, mientras las provincias reciben nuevas responsabilidades, pierden transferencias y deben hacerse cargo de gastos que anteriormente afrontaba la Nación. La advertencia surgió del análisis realizado por el diputado Guillermo Michel, quien puso especialmente la lupa sobre $7,7 billones incluidos dentro de “Otras Obligaciones Financieras”. Según su planteo, esos recursos aparecen bajo Obligaciones a Cargo del Tesoro sin programas con metas físicas que permitan identificar previamente cómo serán utilizados o cuáles serán los criterios específicos para su distribución. La cifra equivale a varios miles de millones de dólares y, si se toma el conjunto de la Jurisdicción 91 señalado por Michel, supera los $15 billones. El legislador interpreta que esa concentración le otorga a la administración nacional un margen extraordinario para manejar recursos durante 2027, justamente el año en que Milei buscará su reelección y necesitará nuevamente de los gobernadores para garantizar gobernabilidad y votos en el Congreso. El peronismo fue todavía más lejos y denunció que esa caja puede convertirse en una herramienta para presionar a provincias con dificultades financieras. La hipótesis es que un gobernador que necesite ayuda para pagar salarios, sostener servicios o afrontar una emergencia deberá negociar directamente con la Casa Rosada mientras el Gobierno conserva una enorme masa de recursos sin un mecanismo automático de distribución. Se trata de una acusación política que deberá contrastarse con la ejecución efectiva del Presupuesto: la existencia de esas partidas no demuestra por sí misma que serán utilizadas para condicionar votos. El contexto, sin embargo, explica por qué la denuncia genera ruido entre los gobernadores. Durante la gestión libertaria los Aportes del Tesoro Nacional ya funcionaron como una herramienta de distribución no automática y existieron diferencias muy marcadas entre distritos. Un relevamiento realizado hasta mayo de 2026 mostró que el Gobierno había transferido $374.300 millones en ATN desde su llegada al poder, mientras ocho de las 24 jurisdicciones no habían recibido fondos por esa vía. La situación continuó durante este año. Entre enero y agosto de 2026, el Fondo de ATN recaudó alrededor de $798.839 millones, pero se distribuyeron unos $151.000 millones, apenas el 18,9% de lo acumulado durante ese período. El saldo sin repartir alcanzó aproximadamente $647.839 millones, mientras Misiones, Entre Ríos, Corrientes y Mendoza aparecieron entre las provincias que más recursos recibieron. El Presupuesto 2027 agrega además otra fuente de tensión porque las provincias denuncian que Nación les transfiere obligaciones sin acompañarlas con los recursos correspondientes. Uno de los casos señalados por Michel es el Fondo Compensador del Transporte del interior, que había distribuido $102.000 millones en 2023 para subsidiar aproximadamente 14.000 colectivos y fue eliminado en febrero de 2024. Para 2027 tampoco aparece una partida destinada a restablecerlo. Algo similar ocurre con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. El FONID había representado $333.000 millones en 2023, pero dejó de ser abonado por Nación desde 2024 y tampoco tendría partida en el proyecto para el año próximo. El Fondo de Compensación Salarial docente, en cambio, tendría asignados $14.290 millones, una cifra muy inferior a los recursos que anteriormente llegaban al sistema educativo provincial. La obra pública completa el cuadro. El análisis opositor señala que 457 obras fueron transferidas a provincias y municipios, mientras distintos tramos de rutas nacionales pasan a administraciones subnacionales por períodos de hasta 20 años, incluyendo mantenimiento, obras y eventualmente peajes. Al mismo tiempo, las transferencias de capital destinadas a las provincias caerían alrededor de 20% en términos reales durante 2027. La vivienda también aparece prácticamente borrada de la agenda nacional. Con el ENOHSA disuelto, el Procrear eliminado y el Fondo de Vivienda Social liquidado, la función Vivienda tendría asignados unos $26.000 millones, equivalentes a apenas 0,01% del gasto presupuestado según el análisis presentado por Michel. El esquema tributario suma otro motivo de conflicto. Entre los recursos que más crecerían aparecen el impuesto a los combustibles, con un incremento proyectado de 59,3%, los derechos de exportación, con 41,3%, y los derechos de importación, con 39,2%. Los dos últimos no son coparticipables y, según el análisis opositor, las provincias reciben sólo una parte de lo recaudado por combustibles. Michel cuestionó además que los fideicomisos vinculados con esos recursos acumulen alrededor de $1,1 billones mientras continúa prácticamente paralizada buena parte de la obra pública nacional. La combinación resulta explosiva para los gobernadores: menos transferencias automáticas o específicas, más gastos bajo responsabilidad provincial y una enorme concentración de recursos bajo administración del Tesoro nacional. La pelea no empieza con el Presupuesto 2027. Los gobernadores vienen reclamando desde hace tiempo fondos previsionales, recursos para transporte, obras y transferencias interrumpidas. Incluso administraciones dialoguistas tuvieron que negociar directamente con la Nación para recuperar partidas: Santa Fe, por ejemplo, acordó este año con ANSES transferencias mensuales por $10.000 millones durante doce meses para financiar parcialmente el déficit de su Caja de Jubilaciones. Ahí aparece la principal contradicción política para Milei. El Presidente construyó su discurso alrededor de la eliminación de las cajas discrecionales y prometió terminar con el intercambio de recursos públicos por respaldo político, pero llega al año electoral con un presupuesto que la oposición cuestiona precisamente por concentrar una enorme capacidad financiera en manos del Tesoro. Eso no permite afirmar que los $15 billones vayan a utilizarse para comprar voluntades ni que exista una maniobra ilegal. Pero sí habilita una discusión central que el Gobierno deberá responder en el Congreso: por qué concentra semejante volumen de recursos sin criterios específicos de ejecución mientras las provincias reciben menos fondos y más responsabilidades. El Presupuesto 2027 será entonces mucho más que una discusión sobre déficit, inflación o crecimiento. También definirá cuánto poder financiero conserva Milei frente a los gobernadores durante el año en que se juega su continuidad y cuánto dependerán las provincias de negociar directamente con la Casa Rosada para conseguir recursos. El peronismo ya encontró allí uno de sus principales argumentos contra el proyecto. Mientras Milei insiste en que terminó con las cajas de la política, la oposición sostiene que el Gobierno está construyendo una mucho más grande y centralizada para administrar desde el Tesoro en pleno año electoral. La verdadera dimensión de esa acusación dependerá de cómo quede finalmente aprobado el Presupuesto y, sobre todo, de cómo se ejecuten esos fondos durante 2027.         Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P