El Municipio de Río Grande decidió involucrarse directamente en la pelea judicial por la explotación petrolera alrededor de las Islas Malvinas. A través de su Asesoría Letrada, la ciudad pidió ser incorporada como parte interesada en la demanda contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en aguas del Atlántico Sur cuya soberanía reclama la Argentina.  La presentación fue impulsada por el intendente Martín Perez y busca que Río Grande intervenga como tercero coadyuvante dentro del expediente que tramita ante el Juzgado Federal de esa ciudad. El municipio adhirió además al pedido para frenar las obras vinculadas con el proyecto y cuestionar su financiamiento, fortaleciendo una demanda que originalmente había sido presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.  El argumento central de Río Grande combina soberanía y ambiente. La ciudad invoca su condición de municipio ribereño del Mar Argentino y sostiene que cualquier explotación hidrocarburífera de semejante escala en el Atlántico Sur puede generar consecuencias que exceden ampliamente el área inmediata de perforación. También recuerda que su propia Carta Orgánica le impone obligaciones vinculadas con la defensa del ambiente, los recursos naturales y la soberanía nacional.  La intervención municipal llega después de un fallo clave. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ya declaró la competencia de ese tribunal para intervenir en la demanda y reconoció además la jurisdicción internacional de la Justicia argentina respecto de las empresas extranjeras involucradas. La magistrada entendió que el conflicto no puede reducirse a una cuestión técnica o ambiental porque también está en juego la soberanía sobre un territorio y recursos que la Argentina considera propios.  Ese reconocimiento judicial representa un avance importante para quienes impulsan la causa. Rockhopper y Navitas desarrollan el proyecto Sea Lion bajo autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas de las islas, pero sin permiso del Estado argentino. El emprendimiento se ubica aproximadamente 220 kilómetros al norte de Malvinas, dentro de un área que Argentina considera parte de su plataforma continental.  Sea Lion no es un proyecto menor. Las compañías involucradas mantienen prevista la primera producción de la Fase 1 para el primer semestre de 2028 y continúan avanzando con el desarrollo técnico y financiero necesario para ponerlo en marcha. La demanda busca precisamente intervenir antes de que esa explotación se convierta en un hecho consumado y resulte mucho más difícil revertirla.  La estrategia judicial apunta además sobre el financiamiento. Los demandantes pretenden que no sólo se analice la actividad directa de las petroleras, sino también la participación de quienes diseñen, construyan, financien o colaboren con el desarrollo de Sea Lion. De esa manera intentan aumentar los costos legales y económicos de avanzar con un proyecto que Argentina considera no autorizado.  Para Río Grande, la decisión de presentarse tiene también un fuerte componente territorial. La ciudad se encuentra dentro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y mantiene una relación histórica, institucional y social particularmente intensa con la causa Malvinas. Por eso Perez sostuvo que el municipio no podía permanecer indiferente frente a la explotación de recursos naturales en el área.  La incorporación del municipio fortalece además la dimensión institucional del expediente. Ya no se trata únicamente de organizaciones de excombatientes y ambientalistas reclamando ante la Justicia, sino también de un gobierno local que busca demostrar un interés propio y directo en el resultado del proceso. La causa avanza, sin embargo, por etapas. Aunque Borruto declaró la competencia del juzgado, todavía no resolvió las medidas cautelares destinadas a suspender el proyecto. La magistrada decidió postergar ese análisis hasta completar distintos requisitos procesales y determinar con mayor precisión el alcance de la demanda colectiva.  El conflicto judicial coincide además con una ofensiva más amplia del Estado argentino. El Gobierno nacional presentó recientemente una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte y sostiene que esas operaciones violan la Ley 26.659, que regula y sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina. Esa causa quedó radicada en el juzgado federal que subroga Julián Ercolini.  La coincidencia resulta significativa porque muestra que, más allá de las profundas diferencias políticas internas, distintos niveles del Estado empiezan a utilizar herramientas judiciales para cuestionar la explotación unilateral de recursos alrededor de Malvinas. En un caso actúan el Gobierno nacional y la Cancillería; en otro, organizaciones civiles, excombatientes y ahora el Municipio de Río Grande. El desafío será transformar esas acciones en medidas capaces de tener consecuencias concretas sobre las compañías. Las empresas cuentan con autorizaciones británicas y estructuras societarias radicadas en el exterior, por lo que hacer efectiva cualquier resolución argentina requerirá una estrategia jurídica y diplomática sostenida. Pero el fallo que reconoció la competencia de Río Grande abrió una puerta que hasta ahora no estaba garantizada. La Justicia argentina resolvió que tiene jurisdicción para analizar el caso y que la soberanía constituye un interés federal suficiente para intervenir. Ahora Río Grande decidió entrar formalmente en esa pelea. Y la disputa por Malvinas suma así un nuevo escenario: además de la diplomacia y los organismos internacionales, la Argentina empieza a llevar la defensa de sus recursos naturales directamente a los tribunales.         Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P