La relación entre Javier Milei y Raúl Jalil volvió a quedar bajo sospecha después de una nueva decisión vinculada con las rutas nacionales que atraviesan Catamarca. El Gobierno autorizó a la provincia a asumir el control y mantenimiento de más de 180 kilómetros de corredores y habilitó expresamente la posibilidad de explotarlos mediante concesiones con peaje.  El acuerdo comprende 66,2 kilómetros de la Ruta Nacional 38 y otros 114,4 kilómetros correspondientes a las rutas 60 y 157. Catamarca deberá hacerse cargo del costo de las obras y del mantenimiento, pero el convenio incorpora una cláusula que le permite implementar un sistema de concesión por peaje para financiar esas tareas.  Ese punto es el que encendió las alarmas dentro del entramado político catamarqueño. La cláusula tercera no fija un tope específico para las tarifas que podrían aplicarse y, además, la autorización no queda limitada necesariamente a los corredores inicialmente transferidos, ya que puede ampliarse mediante futuros acuerdos complementarios.  El nombre que inmediatamente volvió a aparecer es el de Guido Mogetta S.A., una de las empresas con mayor presencia en la obra pública provincial y vinculada a la familia de Franco Mogetta, ex secretario de Transporte del gobierno de Milei. Sectores del poder local especulan con que la compañía podría terminar participando de las futuras concesiones, aunque hasta el momento no existe una adjudicación conocida sobre esos nuevos tramos ni evidencia judicial de un direccionamiento.  La sospecha no surge en el vacío. Guido Mogetta S.A. integra la UTE que obtuvo recientemente una concesión nacional por 20 años sobre el denominado Tramo Centro de la Red Federal de Concesiones, que incluye buena parte de la autopista Rosario-Córdoba y sectores de las rutas nacionales 19 y 34. La adjudicación fue formalizada por el Ministerio de Economía y la empresa participó junto a AFEMA S.A. y Pablo Federico e Hijos S.A.  La oferta ganadora propuso una tarifa de $1.399 más IVA y se impuso sobre otras seis presentaciones. Hasta allí, se trata de una adjudicación administrativa documentada. La controversia aparece porque dirigentes y fuentes catamarqueñas sostienen que esa concesión habría formado parte de una negociación política entre Jalil y la Casa Rosada para garantizar el comportamiento de legisladores que responden al gobernador. Esa hipótesis no está probada y debe mantenerse en el terreno de la denuncia política.  El dato que alimenta las versiones es que, apenas una semana después de la adjudicación, los diputados vinculados a Jalil se abstuvieron durante el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa central para el Gobierno. También se menciona entre las negociaciones pendientes la eliminación de las PASO, un proyecto para el cual Milei todavía necesita sumar apoyos provinciales. La coincidencia temporal existe, pero no demuestra por sí misma un intercambio de concesiones por votos.  El nuevo convenio por las rutas catamarqueñas fue trabajado durante la visita que Luis Caputo y Diego Santilli realizaron a la provincia el mes pasado. Allí se avanzó en el traspaso de la responsabilidad sobre los corredores y en un esquema que ahora permite a Jalil buscar operadores privados para sostenerlos mediante peajes.  El caso vuelve a mostrar una contradicción incómoda para Milei. El Presidente construyó buena parte de su discurso contra la negociación de obras, cargos y recursos a cambio de respaldo político, pero su Gobierno necesita cada vez más a gobernadores como Jalil para conseguir mayorías en el Congreso. En ese contexto, cada concesión o transferencia de recursos hacia provincias aliadas queda inevitablemente bajo una lupa mayor. También aparece una contradicción con la política vial del propio oficialismo. Durante años, la Casa Rosada redujo obra pública y defendió que las provincias asumieran mayores responsabilidades sobre rutas, mientras ahora habilita esquemas de peaje para sostener corredores nacionales que el Estado central deja de financiar directamente. Para Catamarca, la transferencia puede significar una herramienta para reparar y conservar rutas que necesitan inversión. El problema aparece si el mecanismo termina concentrando nuevas concesiones en compañías ya cercanas al poder provincial o si se utilizan esos contratos como moneda dentro de negociaciones políticas más amplias. Por eso el eventual papel del Grupo Mogetta será determinante. Hasta ahora no existe una adjudicación sobre los tramos recién transferidos y sería incorrecto dar por hecho que la empresa se quedará con el negocio. Lo que sí existe es un antecedente inmediato: la compañía acaba de ingresar a una concesión vial nacional de gran escala y ahora se abre otro mercado potencial en la provincia donde tiene una fuerte presencia empresarial.  La Casa Rosada y Jalil podrían despejar gran parte de las sospechas con transparencia. Bastaría con publicar las condiciones completas del convenio, explicar cómo se definirán las tarifas, establecer qué procedimiento se utilizará para seleccionar eventuales concesionarios y garantizar que cualquier licitación tenga competencia real. Milei prometió terminar con la política de favores y negocios alrededor del Estado. Por eso, cuando un gobernador aliado recibe el control de rutas nacionales, queda habilitado para instalar peajes y aparece nuevamente el nombre de una empresa cercana a su estructura política, el Gobierno tiene una obligación adicional de mostrar que no existe ningún intercambio oculto. La concesión todavía no ocurrió. La sospecha, en cambio, ya está instalada. Y si la Casa Rosada quiere evitar que el acuerdo quede asociado a otra negociación de votos por negocios, tendrá que hacer algo bastante sencillo: abrir los expedientes y mostrar quién gana, cómo gana y bajo qué condiciones.         Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P