El Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo frente de conflicto en el mercado laboral. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores advirtió que unos 120.000 puestos de trabajo quedaron en riesgo después del vencimiento del Decreto 514/2021, que permitía compatibilizar el empleo rural registrado con distintas asignaciones y programas sociales. La norma caducó el 1° de septiembre y, según el sindicato, el Ministerio de Capital Humano todavía no respondió al pedido de prórroga.  José Voytenco, secretario general de UATRE, formalizó el reclamo ante Sandra Pettovello y pidió una extensión urgente del régimen. El mecanismo alcanzaba a trabajadores rurales temporarios o permanentes discontinuos que podían incorporarse a empleos registrados sin perder automáticamente prestaciones como la Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales o de empleabilidad nacionales, provinciales o municipales.  La discusión tiene un peso especial porque el trabajo estacional es central para buena parte de las economías regionales. Fruticultura, vitivinicultura, zafra azucarera y cosecha de tabaco dependen de grandes contingentes de mano de obra durante períodos determinados del año, y se estima que esta modalidad representa cerca del 70% del empleo rural.  El decreto buscaba resolver una distorsión conocida: muchos trabajadores rechazaban empleos registrados de corta duración porque al incorporarse formalmente podían perder la asistencia que sostenía a sus familias durante los meses sin cosecha. La compatibilidad intentaba evitar justamente ese incentivo perverso y facilitar el pasaje hacia la formalidad sin convertir cada campaña laboral en un riesgo económico para el hogar. UATRE sostiene que la experiencia de los últimos años demostró que el mecanismo funcionaba como un puente hacia el empleo formal. El gremio advierte que discontinuarlo puede producir el efecto contrario al que Milei dice buscar: menos registración, mayor dificultad para conseguir trabajadores locales y más presión sobre economías regionales que ya enfrentan problemas de costos, actividad y competitividad.  Ahí aparece una contradicción difícil para la Casa Rosada. El Gobierno convirtió la formalización y la eliminación de supuestas distorsiones laborales en una de sus principales banderas, pero deja caer una herramienta diseñada precisamente para evitar que cobrar una asignación se transforme en un obstáculo para aceptar trabajo registrado. El planteo sindical no pasa por mantener indefinidamente a una persona fuera del mercado laboral, sino por permitir que la asistencia acompañe la transición hacia un empleo temporal. En actividades donde una cosecha puede durar apenas algunas semanas o meses, eliminar esa compatibilidad puede hacer que aceptar el trabajo formal resulte económicamente menos conveniente que permanecer fuera del sistema. La falta de respuesta de Capital Humano agrega otro problema. UATRE asegura que solicitó la prórroga y que, hasta el momento, el Gobierno no dispuso ninguna extensión. El silencio deja a productores y trabajadores sin previsibilidad justo cuando varias economías regionales necesitan planificar sus próximas campañas.  El gremio fue especialmente duro y habló directamente de “negligencia del Estado” por no contemplar el impacto sobre toda la cadena productiva. El argumento es que una decisión administrativa que afecta al trabajador termina también repercutiendo sobre productores, contratistas y empresas que necesitan cubrir puestos en momentos específicos del año.  La polémica llega además en un contexto laboral delicado. Desde el inicio de la gestión Milei se perdieron cientos de miles de puestos formales y distintos sectores productivos vienen alertando por cierres, suspensiones y deterioro del empleo. En la construcción, por ejemplo, referentes sindicales y empresarios estimaron entre 100.000 y 130.000 puestos perdidos desde 2023, mientras otros informes muestran una creciente fragilidad para conservar un trabajo registrado.  Por eso el caso del trabajo rural puede convertirse en algo más que una disputa sectorial. Milei necesita demostrar que su reforma económica genera empleo privado y formal, pero dejar caer un régimen que, según el propio sector, ayuda a incorporar trabajadores registrados va en la dirección contraria. El Gobierno puede revisar programas sociales, discutir incentivos y modificar mecanismos creados durante administraciones anteriores. Lo que debería explicar es por qué eliminar una compatibilidad que evita castigar a quien acepta un empleo temporal mejora la formalización laboral. UATRE ya puso una cifra sobre la mesa: 120.000 puestos. Si Capital Humano no actúa, el riesgo es que el ajuste administrativo termine empujando nuevamente a miles de trabajadores hacia la informalidad y complique campañas agrícolas que dependen de esa mano de obra. Milei prometió que el mercado privado reemplazaría la asistencia y generaría trabajo genuino. En el campo, una decisión de su propio Gobierno puede terminar haciendo exactamente lo contrario.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P