El Gobierno presentó la flexibilización de la Ley de Tierras como una simple herramienta para atraer inversiones. Pero los conflictos que ya existen en distintas provincias muestran que la concentración territorial puede alterar la vida de pueblos enteros, bloquear accesos públicos y dejar recursos estratégicos bajo el control de grandes propietarios. El caso más conocido es el de Lago Escondido, en Río Negro. El espejo de agua es público, pero está completamente rodeado por las tierras del magnate británico Joe Lewis. Durante años, organizaciones sociales y vecinos reclamaron la apertura de un acceso libre, incluso después de que distintas decisiones judiciales reconocieran ese derecho. La controversia demuestra que comprar tierra no significa adquirir solamente hectáreas. Cuando una propiedad rodea un lago, un río o un camino, su dueño obtiene en los hechos capacidad para decidir quién circula, quién accede y bajo qué condiciones. El poder económico termina imponiéndose sobre derechos que deberían estar garantizados por el Estado. La familia italiana Benetton representa otro caso emblemático. A través de la Compañía de Tierras Sud Argentino controla cerca de 920 mil hectáreas distribuidas principalmente en la Patagonia. La superficie incluye campos, bosques, cursos de agua y áreas cercanas a la Cordillera y a la frontera con Chile. La magnitud de esa propiedad le otorga a una empresa extranjera un peso territorial superior al de numerosos municipios. También generó conflictos prolongados con comunidades mapuches, que cuestionan el origen histórico de los títulos y denuncian desalojos sobre territorios reclamados como ancestrales. En otras zonas, los pobladores deben realizar recorridos mucho más extensos porque los caminos más directos atraviesan propiedades privadas. Lo que antes era una comunicación natural entre parajes puede transformarse en un desvío de horas cuando un dueño decide cerrar tranqueras o impedir la circulación. Ese tipo de situaciones afecta el acceso a escuelas, hospitales, centros administrativos y mercados. Para un gran inversor, una tranquera puede ser la defensa de su propiedad. Para una comunidad rural, puede significar quedar aislada. También existen antecedentes de grandes extensiones adquiridas directa o indirectamente por capitales vinculados con Estados extranjeros. En Río Negro se denunciaron compras de aproximadamente 14 mil hectáreas relacionadas con Qatar, mientras capitales de Emiratos Árabes Unidos acumularon decenas de miles de hectáreas en zonas consideradas estratégicas. La preocupación no surge por la nacionalidad de una persona, sino por la naturaleza de esas operaciones. Cuando detrás de una sociedad privada aparece otro Estado, la adquisición puede involucrar intereses geopolíticos, acceso al agua, proyectos energéticos o control de corredores territoriales. Otro antecedente aparece en los Esteros del Iberá, donde el empresario estadounidense Douglas Tompkins llegó a concentrar enormes superficies alrededor de uno de los humedales más importantes del país. Aunque parte de esas tierras fueron posteriormente destinadas a conservación y transferidas al Estado, el caso evidenció hasta qué punto un solo propietario podía acumular poder sobre un ecosistema completo.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P