La reforma de la denominada Ley de Propiedad Privada se convirtió en una muestra del desorden interno del Gobierno. A solo 48 horas de una sesión decisiva en el Senado, los bloques aliados todavía no saben si la Casa Rosada avala el último borrador presentado por Patricia Bullrich ni cuál es la posición definitiva sobre la venta de tierras rurales a extranjeros. La nueva versión abandona el intento inicial de eliminar todos los límites y propone elevar del 15% al 25% el máximo permitido en cada provincia. Sin embargo, varios senadores dialoguistas aseguran que nadie del Ejecutivo confirmó formalmente el cambio y reclamaron que algún funcionario asuma públicamente la responsabilidad política de la propuesta. “No puede ser que nadie dé la cara”, fue una de las quejas que circuló entre legisladores cuyos votos resultan indispensables. La preocupación aumentó cuando algunos senadores comenzaron a recibir llamados para saber si continuaban respaldando el texto anterior, pese a que Bullrich ya promocionaba una alternativa completamente distinta. La improvisación es tal que durante las últimas semanas circularon más de 16 borradores. El proyecto ya había obligado a pasar la sesión a cuarto intermedio por las diferencias entre el Poder Ejecutivo y su propia bancada, mientras las comisiones conducidas por Agustín Coto y Nadia Márquez tampoco consiguieron ordenar una posición común. La falta de coordinación resulta especialmente grave por la magnitud de los temas involucrados. La iniciativa no solamente modifica el régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros. También introduce cambios sobre expropiaciones, desalojos por falta de pago y las restricciones que impiden alterar durante décadas el uso de terrenos afectados por incendios. No se trata, por lo tanto, de una reforma administrativa menor. El Congreso discute normas que pueden afectar la soberanía territorial, el acceso a fuentes de agua, la protección ambiental, la situación de comunidades vulnerables y el poder de las provincias para ordenar sus propios recursos. El Gobierno comenzó defendiendo una apertura sin límites. Federico Sturzenegger pretendía desmontar las restricciones nacionales y dejar que cada provincia definiera su política. Cuando crecieron las críticas y quedó claro que no había votos suficientes, el oficialismo giró hacia un tope del 25%. La supuesta concesión continúa representando un aumento considerable respecto del régimen vigente. Permitir que una cuarta parte de la superficie rural quede en manos extranjeras ampliaría en más de un 66% el límite actual del 15%. El cambio tampoco despejó las dudas de los gobernadores. Algunos reclamaron mayor autonomía provincial, pero ahora temen quedar señalados como responsables de facilitar una entrega territorial que fue promovida desde la Nación. Cuando las críticas comenzaron a multiplicarse, la Casa Rosada intentó trasladarles el costo político de una reforma diseñada por el propio Gobierno. Los aliados también exigen precisiones sobre las zonas fronterizas, los recursos hídricos, la protección ambiental y las facultades de las legislaturas provinciales. A pocas horas de la votación, todavía aparecen correcciones, párrafos modificados y criterios contradictorios dentro del articulado. La movilización convocada frente al Congreso aumentó la presión. Organizaciones sindicales, sociales, campesinas, ambientales y de derechos humanos marcharán contra una iniciativa que consideran una amenaza para la soberanía y el patrimonio nacional. La reacción social obligó al oficialismo a moderar su propuesta, pero no consiguió que abandonara la orientación de fondo.Milei continúa viendo la tierra como un activo económico disponible para atraer capitales, sin considerar que el territorio contiene recursos estratégicos que una vez vendidos resultan extremadamente difíciles de recuperar. El desconcierto parlamentario también contradice el relato de eficiencia libertaria. El Gobierno acusa permanentemente al Congreso de trabar las reformas, pero ni siquiera consigue explicarles a sus propios aliados qué proyecto quiere aprobar. Bullrich quedó obligada a ofrecer una conferencia para aclarar la posición oficial. Su intervención buscará ordenar una negociación que se volvió caótica por la falta de conducción de la Casa Rosada y por los sucesivos cambios introducidos para alcanzar una mayoría. Milei pretende transformar de manera profunda el régimen de propiedad territorial, pero lo hace mediante borradores cambiantes, negociaciones contradictorias y funcionarios que evitan asumir públicamente el contenido de la reforma. La discusión sobre la tierra exige planificación, transparencia y un debate federal serio. En cambio, el oficialismo llegó a las horas previas de la sesión sin texto definitivo, con sus aliados desconcertados y con una pregunta que nadie puede responder con certeza: qué ley quiere realmente aprobar la Casa Rosada. La improvisación no es un detalle técnico. Cuando están en juego el territorio, el agua y los recursos naturales, gobernar a los tumbos puede dejar consecuencias irreversibles para varias generaciones.