El gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente de conflicto con su política de desregulación. Esta vez, la disputa se trasladó a los puertos y a la Hidrovía, dos sectores fundamentales para el comercio exterior argentino y para el funcionamiento de proyectos estratégicos vinculados con la energía y las exportaciones. La crisis comenzó con la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que modificó el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991. La norma impulsada por Federico Sturzenegger busca aumentar la competencia, flexibilizar la contratación y reducir los costos que pagan las empresas por el ingreso y la salida de buques. Como respuesta, los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país resolvieron interrumpir por tiempo indeterminado la asistencia a bordo de embarcaciones nacionales y extranjeras. El sector exige que el Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del decreto y revise los cambios introducidos. Los prácticos cumplen una tarea esencial: asesoran a los capitanes durante la navegación por ríos, canales y accesos portuarios que requieren un conocimiento específico. Su intervención resulta obligatoria en numerosas operaciones debido a la complejidad de la Hidrovía y de las maniobras de entrada y salida de los puertos. El Gobierno calificó la medida como un boicot y decidió responder mediante Prefectura Naval. La fuerza comenzó a distribuir intimaciones individuales para exigir que los profesionales retomen inmediatamente la actividad y pongan sus servicios a disposición sin condicionamientos. Las notificaciones advierten que la interrupción podría derivar en sumarios administrativos y denuncias penales. Prefectura recordó que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y mencionó penas de entre dos y ocho años de prisión para las conductas que pongan en riesgo la seguridad de una nave. La reacción oficial muestra nuevamente el límite del discurso libertario. El Gobierno proclama la libertad de mercado mientras modifica por decreto las reglas de una actividad sensible y luego utiliza a una fuerza de seguridad para obligar a los trabajadores especializados a prestar el servicio en las condiciones definidas por el Ejecutivo. La nueva normativa crea un registro abierto de profesionales habilitados, permite que las empresas contraten libremente a los prestadores, elimina restricciones de ingreso y autoriza a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a establecer tarifas máximas. También obliga a publicar los precios y elimina la segmentación geográfica que exigía cambiar de práctico durante algunos recorridos. Además, amplía las excepciones a la contratación obligatoria del servicio y permite que determinados capitanes extranjeros acrediten mediante una declaración jurada su conocimiento de la zona. Este último punto se encuentra entre los más cuestionados por los profesionales, que advierten que la flexibilización podría afectar la seguridad de la navegación. Los prácticos sostienen que el Gobierno presentó la reforma como una simple reducción de costos sin evaluar adecuadamente las consecuencias operativas. También preparan una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto por considerar que la norma pone en riesgo a las embarcaciones, a las tripulaciones y a la infraestructura portuaria. El conflicto ya comenzó a provocar consecuencias concretas. Una de las operaciones demoradas involucró al buque de transporte pesado White Marlin, necesario para tareas relacionadas con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur. La embarcación permaneció fondeada fuera del puerto porque no contaba con un práctico para realizar la maniobra de ingreso. La escena expone una contradicción: La reforma fue anunciada para facilitar el comercio exterior y reducir los costos logísticos, pero su aplicación abrupta terminó paralizando operaciones y generando incertidumbre en uno de los sectores más sensibles de la economía. Sturzenegger afirmó que los ríos argentinos deben convertirse en una “autopista para el desarrollo” y dejar de funcionar como un “kiosco regulatorio”. Sin embargo, la eliminación de normas no garantiza automáticamente eficiencia, especialmente cuando se trata de actividades donde la experiencia profesional y la seguridad cumplen un papel central. El debate de fondo no debería reducirse a la defensa de privilegios ni a la aceptación ciega de cualquier desregulación. Si existen costos injustificados o barreras de ingreso, deben revisarse. Pero hacerlo sin diálogo, sin una transición ordenada y mediante un decreto puede generar problemas más graves que aquellos que se pretendían resolver. La Casa Rosada volvió a aplicar su receta habitual: modificar una estructura compleja desde arriba, minimizar las advertencias de los sectores involucrados y recurrir a la amenaza cuando aparece resistencia. La libertad prometida termina acompañada por intimaciones, sumarios y posibles penas de prisión. Milei y Sturzenegger querían exhibir una nueva victoria contra el denominado costo argentino. En cambio, abrieron un conflicto que amenaza con afectar exportaciones, proyectos energéticos y operaciones portuarias. La desregulación presentada como solución inmediata terminó mostrando que gobernar no consiste solamente en eliminar normas, sino también en prever las consecuencias de hacerlo.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P