El gobierno de Javier Milei intenta mostrarse distante de la situación judicial de Cristina Kirchner, aunque puertas adentro realiza cálculos electorales sobre el impacto que podría tener en los comicios presidenciales de 2027. En la Casa Rosada creen que una eventual habilitación de la expresidenta para competir no necesariamente perjudicaría al oficialismo y hasta podría resultar funcional a la estrategia reeleccionista. La discusión se reactivó después de que Cristina difundiera una carta abierta en la que defendió su inocencia en la causa Vialidad, denunció una proscripción política y confirmó que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Formalmente, los libertarios aseguran que no impulsarán ninguna medida a favor ni en contra y que dejarán la definición en manos de la Justicia. Sin embargo, esa supuesta neutralidad convive con un análisis permanente sobre cómo utilizar el escenario para dividir a la oposición. Un sector del Gobierno considera que Cristina conserva un elevado nivel de rechazo y que su presencia en una elección podría permitirle a Milei reconstruir la polarización que lo llevó a la Casa Rosada. Para esos funcionarios, enfrentar nuevamente al kirchnerismo clásico sería más conveniente que competir contra una figura opositora moderada capaz de captar votos por fuera del peronismo. Otros integrantes del oficialismo descartan de plano que la exmandataria pueda presentarse porque permanece inhabilitada y cumple prisión domiciliaria. Aun así, siguen con atención cada movimiento de su defensa y el efecto que produce sobre la reorganización del Partido Justicialista. La Casa Rosada interpreta que la ofensiva de Cristina impacta especialmente sobre Axel Kicillof. El gobernador bonaerense busca consolidar una estructura nacional propia y aparece como el dirigente peronista mejor posicionado para 2027, pero continúa atrapado en una disputa por el liderazgo con La Cámpora y Máximo Kirchner. El oficialismo apuesta abiertamente a que esas diferencias se profundicen. En Balcarce 50 creen que el peronismo no podrá resolver con facilidad la pelea entre sus principales sectores y analizan eliminar o suspender las PASO para quitarle una herramienta que podría ordenar las candidaturas. La estrategia revela que la reforma electoral impulsada por Milei no responde solamente a una discusión institucional. También forma parte de un cálculo destinado a fragmentar a la oposición y facilitar el camino hacia la reelección presidencial. Mientras públicamente repite que no se involucra en las decisiones judiciales, el Gobierno convierte cada novedad sobre Cristina en una variable de campaña. La preocupación de la Casa Rosada no pasa por garantizar reglas democráticas ni por preservar la independencia de los poderes, sino por determinar qué escenario puede favorecer más a Milei. El libertario necesita que la elección vuelva a organizarse alrededor del rechazo al kirchnerismo. Por eso, aunque niega cualquier intervención, su entorno observa con interés una eventual reaparición electoral de Cristina y celebra la falta de acuerdo entre Kicillof, Máximo Kirchner y el resto del peronismo. La supuesta prescindencia institucional termina escondiendo una evidente especulación política. Milei asegura que dejará actuar a la Justicia, pero su gobierno ya calcula cómo convertir la condena, la inhabilitación y la interna opositora en herramientas para conservar el poder en 2027.         Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P