El Gobierno de Javier Milei volvió a tropezar en el Congreso con uno de los proyectos más controvertidos de su agenda desreguladora. Pese al acuerdo alcanzado entre Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger sobre la letra de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, La Libertad Avanza todavía no tiene garantizados los votos necesarios para conseguir la media sanción en el Senado. La iniciativa regresará al recinto el jueves 6 de agosto, después de cuatro intentos fallidos y de una sesión que terminó en cuarto intermedio por la falta de acuerdos. El oficialismo pretende convertirla en una demostración de fortaleza legislativa, pero las negociaciones continúan abiertas y hasta los encargados de reunir las adhesiones admiten que el resultado es incierto. El principal punto de conflicto sigue siendo la modificación de la Ley de Tierras. Sturzenegger busca eliminar prácticamente todos los límites nacionales para la adquisición de terrenos rurales por parte de capitales extranjeros, con algunas excepciones vinculadas con zonas fronterizas y compras realizadas directamente por otros Estados. El proyecto forma parte de la ofensiva del Gobierno para convertir la tierra argentina en un activo disponible para grandes inversores internacionales. Bajo el argumento de proteger la propiedad privada y eliminar regulaciones, la Casa Rosada pretende desarmar los límites establecidos para evitar que extensiones estratégicas del territorio nacional queden concentradas en manos extranjeras. La resistencia de los bloques aliados obligó a Bullrich a aceptar una modificación. El nuevo dictamen establece que cada legislatura provincial podrá fijar sus propios límites para la venta de tierras a extranjeros. La concesión busca reunir el apoyo del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales, que rechazaban dejar a sus distritos sin herramientas para controlar operaciones sobre recursos estratégicos. La modificación desató malestar en los equipos de Sturzenegger, que pretendían una apertura más profunda y uniforme en todo el país. Sin embargo, Bullrich advirtió que la versión original no tenía ninguna posibilidad de ser aprobada y que el texto acordado con los aliados era la única alternativa viable para mantener con vida el proyecto. La tensión entre ambos sectores obligó a realizar una reunión de casi dos horas entre los equipos de Bullrich, el Ministerio de Desregulación y la Comisión de Asuntos Constitucionales. Allí terminaron de definir un dictamen que mantiene el espíritu desregulador, aunque reconoce a las provincias la facultad de establecer restricciones propias. Ese entendimiento, sin embargo, no resolvió el problema central. El oficialismo continúa sin tener aseguradas las manos necesarias para aprobar la iniciativa y teme que la interna política de Misiones termine de derrumbar una mayoría extremadamente frágil. Hasta hace pocos días, la Casa Rosada daba por descontado el respaldo de los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. Ambos formaban parte de un bloque provincial que había acompañado distintas iniciativas libertarias y resultaban fundamentales para completar la mayoría oficialista. El escenario cambió después de la ruptura entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira, el histórico conductor del Frente Renovador de la Concordia. La pelea estalló tras conocerse un supuesto acuerdo electoral entre Rovira y La Libertad Avanza para los comicios del próximo año, una maniobra que generó el rechazo del mandatario provincial y de los intendentes que responden a su conducción. Passalacqua decidió tomar distancia tanto de Rovira como del gobierno de Milei y ordenó a su sector rechazar el proyecto. La postura responde también al impacto que podría tener la apertura de la compra de tierras extranjeras en una provincia fronteriza como Misiones, donde la propiedad del suelo constituye una cuestión económica, ambiental y de soberanía. La interna podría provocar la ruptura del bloque misionero en el Senado. Carlos Arce analiza conformar un monobloque y acompañar la iniciativa como gesto de alineamiento con Rovira, mientras Rojas Decut se inclinaría por votar en contra siguiendo la posición de Passalacqua. De concretarse esa división, Milei perdería uno de los votos que hasta ahora consideraba asegurados. La Libertad Avanza contará en la próxima sesión con dos presencias que no estuvieron durante el último intento: la senadora del PRO Andrea Cristina y el correntino Carlos Espínola. Ambos podrían acompañar el proyecto, pero ni siquiera esas incorporaciones alcanzan para despejar las dudas. La discusión excede una simple disputa parlamentaria. La Ley de Tierras establece límites a la extranjerización de las superficies rurales y busca impedir que recursos productivos, cursos de agua y zonas estratégicas queden sometidos a decisiones tomadas fuera del país. El Gobierno pretende presentar su eliminación como una medida destinada a atraer inversiones, pero evita discutir quiénes podrían adquirir esas extensiones, qué actividades desarrollarían y qué capacidad conservaría el Estado para proteger los recursos naturales y las comunidades locales. La apertura irrestricta tampoco garantiza inversiones productivas. La tierra puede ser comprada como reserva de valor, para la especulación inmobiliaria o para controlar recursos estratégicos sin generar empleo ni desarrollo en las provincias. En ese escenario, la supuesta libertad económica puede convertirse en una transferencia definitiva de patrimonio nacional. El proyecto revela una vez más las prioridades del modelo libertario. Mientras las pequeñas y medianas empresas enfrentan una crisis profunda, se destruyen puestos de trabajo y cae el consumo, el Gobierno concentra sus esfuerzos en facilitarles los negocios a grandes capitales internacionales. La falta de votos demuestra que incluso los aliados habituales de Milei reconocen los riesgos de avanzar sin límites. Gobernadores y legisladores provinciales temen quedar expuestos ante sus electorados por entregar el control sobre la tierra y renunciar a herramientas fundamentales para ordenar el territorio. La sesión del 6 de agosto será una prueba decisiva para Bullrich, Sturzenegger y la capacidad política de la Casa Rosada. Después de cuatro intentos frustrados, el Gobierno necesita una victoria para sostener su ofensiva desreguladora. Pero la interna misionera y el rechazo creciente de las provincias amenazan con propinarle una nueva derrota. Milei pretendía eliminar los controles para que el mercado decidiera quién puede quedarse con las tierras argentinas. Ahora descubre que, incluso dentro de su propia red de aliados, todavía existen sectores que no están dispuestos a entregar el territorio nacional sin resistencia.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P