El estado de las rutas nacionales pasó de ser un problema de infraestructura a convertirse en una de las principales variables de la negociación política entre la Casa Rosada y los gobernadores. El creciente deterioro de la red vial, agravado por la paralización de la obra pública nacional, aparece ahora como uno de los reclamos centrales de las provincias en medio de las conversaciones que el Gobierno mantiene para conseguir respaldo legislativo. La preocupación se profundizó tras una serie de accidentes registrados en corredores estratégicos para la producción y el transporte de mercaderías. Uno de los casos que encendió las alarmas ocurrió en la Ruta Nacional A012, en el sur de Santa Fe, donde un grave choque entre camiones volvió a poner en evidencia el deterioro de una de las vías más importantes para el comercio agroindustrial del país. El reclamo de los gobernadores no se limita a la seguridad vial. También advierten que el mal estado de las rutas incrementa los costos logísticos, afecta la competitividad de las economías regionales y genera pérdidas millonarias para el sector productivo. En varias provincias sostienen que la falta de mantenimiento ya comenzó a impactar sobre el transporte de cargas y el movimiento económico. En paralelo, la administración de Javier Milei busca avanzar con uno de sus principales objetivos políticos del segundo semestre: conseguir apoyo parlamentario para suspender las elecciones PASO y aprobar otras reformas impulsadas por el oficialismo. En ese escenario, la infraestructura vial se transformó en una de las principales cartas de negociación entre Nación y las provincias. Distintos mandatarios provinciales reclaman que el Gobierno reactive inversiones o defina mecanismos para garantizar el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios. Algunos incluso impulsan modelos alternativos de gestión mediante concesiones o acuerdos con los distritos, ante la incertidumbre sobre el futuro de las obras públicas nacionales. Mientras la Casa Rosada sostiene su política de equilibrio fiscal y reducción del gasto, el deterioro de la infraestructura comienza a convertirse en un costo político cada vez más visible. Para muchos gobernadores, la discusión ya no pasa únicamente por los recursos coparticipables o las transferencias nacionales, sino también por garantizar rutas seguras para la producción, el transporte y la vida cotidiana de millones de argentinos.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P